CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA (27 ABR 2024) – En una operación coordinada entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, se logró incautar una tonelada y media de marihuana tipo cripy en el municipio de Carmen de Viboral, Antioquia. La droga, que estaba destinada a ser distribuida principalmente en Medellín, fue hallada durante un allanamiento en una bodega local.
El operativo, dirigido por la dirección de investigación criminal e Interpol (DIJIN), reveló que la marihuana estaba empaquetada en 1.350 paquetes ocultos dentro de cajas de cartón, estimando su valor en mil quinientos millones de pesos. Esta acción representa un duro golpe a las redes de narcotráfico que operan entre los departamentos de Cauca y Antioquia.
Según las investigaciones, la marihuana fue transportada desde Corinto, Cauca, hasta Carmen de Viboral, donde se planeaba su almacenamiento temporal antes de su distribución en los municipios del Oriente Antioqueño y especialmente en Medellín.
La intervención policial afecta directamente las operaciones del Grupo Delincuencial Organizado «Los Chatas», implicado en el suministro de estupefacientes en la región. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la protección de la comunidad, haciendo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita continuar desarticulando estas estructuras criminales.
Este éxito operativo no solo impacta la capacidad logística y financiera de «Los Chatas» sino que también demuestra la efectividad de las estrategias interinstitucionales en la lucha contra el crimen organizado en Colombia.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
