Casas, apartamentos, fincas de recreo, autos de lujo y hasta edificios conseguidos con dinero producto del narcotráfico los había puesto a nombre de familiares y personas de confianza.
Policía Nacional
BOGOTÁ, D.C. (12 AGO 2024) – La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró afectar significativamente las finanzas criminales de alias «El Socio», un reconocido narcotraficante capturado en 2012 y condenado en 2013 por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 136 bienes muebles e inmuebles, avaluados en 109.390 millones de pesos, que estaban a nombre de familiares y testaferros del delincuente.
La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), lideraron una exhaustiva investigación que inició tras detectar un incremento injustificado del patrimonio económico de «El Socio» y su familia, entre 2010 y 2023. Los peritos identificaron irregularidades en la adquisición de estos bienes, los cuales fueron puestos a nombre de terceros para ocultar la verdadera propiedad.
Las medidas de secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo fueron aplicadas a 92 inmuebles que incluyen cinco apartamentos, dos casas, cuatro edificios, dos fincas, ocho lotes, cinco locales, 45 oficinas, 18 garajes, un depósito y dos parqueaderos. También se afectaron nueve vehículos, un establecimiento de comercio, dos sociedades comerciales y 32 títulos valores, ubicados en Bogotá D.C., Barranquilla, Ipiales y en municipios como Cajicá, Melgar, Palestina y Barbosa.
Estos bienes fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.