Santiago de Chile, 14 de marzo de 2022.- Tres bodegas y una casa deshabitada resultaron quemadas este lunes tras un ataque incendiario en la zona del llamado «conflicto mapuche» al sur de Chile, hechos que se dan en vísperas de la visita de la nueva ministra del Interior para entablar diálogos con comunidades indígenas.
Fue el mismo presidente chileno, Gabriel Boric, quien confirmó el viaje de la jefa de Interior, Izkia Siches, en el marco de una estrategia de diálogo con diversos actores de las regiones afectadas por hechos de violencia diseñada por el Gobierno entrante.
“Acá no se trata que vengan los iluminados de La Moneda a decir qué hay que hacer. Hay que escuchar a quienes están en los territorios”, señaló el primer mandatario.
Según informaron medios locales, el ataque se registró pasada la medianoche ocho kilómetros al sur poniente de la comuna de Cañete, en la Provincia de Arauco de la Región del Biobío, sector que permanece militarizado desde octubre tras el estado de excepción declarado por el expresidente Sebastián Piñera y prorrogado por el Congreso en diez oportunidades.
De acuerdo con personal de Carabineros —Policía militarizada—, en el lugar se encontraron panfletos de la organización Weichan Auka Mapu (WAM), grupo mapuche radicalizado que en la última semana se ha adjudicado tres ataque incendiarios.
Durante los últimos días, distintos personeros del actual Gobierno han señalado que no renovarán el estado de excepción vigente, mientras que Boric afirmó que a partir de finales de marzo impulsarán una reorganización policial y que el retiro de militares “no significa ser permisivo que se realicen actos delictuales”.
Hasta el próximo 26 de marzo, las provincias de Arauco, Bío Bío, Malleco y Cautín, que sufren recurrentemente episodios de violencia rural con ataques a maquinaria agrícola y predios, incluyendo incendios y tiroteos con víctimas mortales, permanecerán militarizadas.
Algunos de estos hechos se enmarcan en el llamado «conflicto mapuche», que enfrenta al Estado, privados y al principal grupo indígena del país que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales en manos de poderosos grupos económicos.
Destrabar el conflicto en la zona sur se perfila como uno de los nudos más complejos para la administración entrante, que ya ha condenado en reiteradas ocasiones el uso de la violencia como herramienta de reivindicación.
EFE
