Cada vez que la ciudad arde, por cuenta de legítimas protestas que terminan en disturbios, surgen las mismas reflexiones, que apuntan a encontrar el porqué de la tragedia que vive la ciudad y cómo salir de ella. Las manifestaciones de esta semana fueron violentas. En total fueron 14 víctimas fatales, empezando por el abogado Javier Ordóñez, quien falleció bajo custodia policial, pasando por ciudadanos que quedaron en el fuego cruzado, sin tener nada que ver con las protestas, hasta una mujer que murió atropellada por vándalos que se robaron un bus. Esto sin contar heridos y destrozos.
¿Qué está pasando? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Cuál debe ser el camino para recuperar la tranquilidad? Las opiniones de analistas y expertos en seguridad son diversas, pero tienen algo en común: el inconformismo no es algo espontáneo y relacionado solo con el último caso de abuso policial. Este apenas fue la gota que rebosó una copa llena de motivos, que se vienen acumulando en los últimos años y que, de no haber sido por la pandemia, hubiera sucedido hace rato. Eso sí, aclaran, que fue el aislamiento el que ayudó a atizar el inconformismo.
Falta de canales de diálogo por un lado y el oportunismo político por el otro; la necesidad de revisar el papel de la Policía, pero sin dejar de reconocer su papel (que va más allá del trabajo en la calle), y la urgencia de revisar y escudriñar quiénes podrían estar detrás de los actos vandálicos y analizar el manejo que le están dando las instituciones a la crisis, son algunas de las sugerencias de los que analizan el caos que atraviesa Bogotá.
¿Qué está pasando?
Si algo está claro, de todo lo vivido esta semana en Bogotá, es que no es un hecho aislado. La muerte de Javier Ordóñez, quien pasó de ser un habitante más al nuevo rostro de la violencia policial, fue tan solo un detonante de una insatisfacción acumulada en la sociedad, avivada por los efectos psicológicos y económicos de cinco meses de aislamiento. La ciudad venía de presenciar pequeñas manifestaciones de inconformes comerciantes, que ya empezaban a revivir el incendio que empezó a finales de 2019 y que fue temporalmente sofocado por el coronavirus.
Así lo cree Johan Avendaño, analista en políticas públicas, quien aclara que, sin menospreciar la muerte de Ordónez, su caso es circunstancial, pues ya existía un inconformismo. “De no haber sido por la Navidad y la pandemia, a esta altura la situación en términos sociales y políticos sería otra. Eso minimizó las protestas de muchos que, incluso en pandemia, querían salir a protestar, no solo por la brutalidad policial, que es histórica, sino por la muerte de líderes sociales, de campesinos y jóvenes”.
Claro está, ese descontento tiene sus causas. Según Jairo Libreros, profesor titular de seguridad y defensa nacional de la U. Externado, nace en la incapacidad del Gobierno de atender las exigencias políticas de sectores que no encuentran respaldo en sus políticas públicas y ahora el abuso policial, que mancha sus procedimientos violando derechos humanos sin asumir responsabilidades institucionales. “Aquí se suma el oportunismo delictivo, mezcla de terrorismo y crimen organizado, que sale a cometer delitos, sabedores de la impunidad que los rodeará”.
Para Luis Fernando Chavarriaga Estrada, analista y asesor en temas de seguridad y convivencia, el descontento con la Policía en esta ocasión se exacerbó en la cuarentena por sus acciones represivas, en las que aplicaron una doctrina militar que no se ajusta a las dinámicas de la ciudad. Esto ha sido aprovechado para generar más violencia. “Se evidencia que es complejo el manejo de la institución. A pesar de que la alcaldesa es la jefa de Policía, en la práctica esta institución es del orden nacional. Observamos que no hay unidad de mando entre la Alcaldía y la nación, y esto afecta evidentemente el accionar”.
No obstante, John Marulanda, consultor en seguridad y defensa, cree que si bien la ciudad está viviendo una protesta legal y legítima frente a la muerte de un ciudadano a manos de dos policías, “es claro que hay una manipulación de esas marchas, que la han venido convirtiendo en el linchamiento de la Policía y que ha dado piso para que políticos de izquierda renueven los proyectos que infructuosamente han propuesto como cambiar la estructura de la institución, lo que significaría cambiar no solo la naturaleza de un cuerpo técnico de combate a la delincuencia, sino su orientación a cargo de criterios netamente políticos”.
Más allá de todo esto, para Óscar Donnato, investigador del Observatorio de Paz de la Universidad Libre, acá se conectaron varios fenómenos al tiempo, partiendo por una sensación de abandono del Estado. “En el paraíso no existe la protesta, porque todo es perfecto y este país no es un paraíso. Hay un desempleo elevado y los problemas económicos, educativos, de salud y oportunidades, motivos de las marchas antes de la pandemia, no solo siguen, sino que se agravaron. Estos jóvenes están desenmarcados de los medios tradicionales, entonces no están en el mismo grupo de opinión. Así que su visión del país es distinta, incluso contraria. Todos estos son síntomas que ya estaban gravitando hace mucho”.
Acumulado de razones
Pero, ¿por qué llegamos a este punto? Para los expertos, las responsabilidades son compartidas entre las autoridades y la misma sociedad. Avendaño, por ejemplo, considera que al inconformismo se suma el mal manejo desde el Gobierno de la pandemia. “La gente ha visto desmejoría en sus condiciones económicas, no solo porque estemos enclaustrados, sino porque los programas han favorecido a grandes estructuras económicas, pero no al pequeño comerciante o al trabajador de salario mínimo. Hoy el detonante es la violencia policial, pero detrás está la falta de operancia del Gobierno”.
Por su parte, Libreros cree que todo parte de la miopía política. “Las variables del estallido social no estaban en urnas selladas. Además, los altos niveles de impunidad entraron en el cajón del populismo legislativo, a tal punto de que ahora son consignas partidistas que buscan deslegitimar las instituciones judiciales y políticas con supuestas asambleas constituyentes o referendos, dizque para acercar la justicia a los ciudadanos”.
Donnato considera que el país entero está viviendo una trombosis que se manifestó con mayor crudeza en Bogotá. “Llegamos acá por un recorrido largo de desconexión entre gobernantes (y parte de los gobernados más cómodos) con el resto de los gobernados, en especial los que viven mayor dificultad. Eso genera otras cosas, como la certeza de la no representación y la inversión de sentido: la Policía no cuida, no protege, sino lo contrario, agrede. Así, sin los distintos tipos de protección (a la vida, a los bienes y a las posibilidades futuras) entonces, no hay obediencia, menos respeto a la ley. Todo esto se refleja en que los bienes públicos no son prioridad, si tampoco lo son las vidas de los jóvenes”.
Henry Cancelado, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la U. Javeriana, se distancia de la razón del inconformismo acumulado y apunta a que todo es producto de una sociedad enferma, que ha normalizado a tal punto la violencia que la ha hecho su forma de diálogo, situación que vienen aprovechando algunos de forma política. “Creemos que la violencia es un asunto de grupos armados o un estado represor, pero socialmente nos relacionamos con el vecino desde la agresión. Y viendo internet, pareciera que la gente cree que su violencia sí está justificada y la del otro no. Mire cómo las manifestaciones pacíficas, como la del parque de los Hippies o el rechazo a la violencia de la familia de Ordóñez terminaron ignoradas”.
Explica que casos como el de Ordóñez son “floreros de Llorente” y que seguro hay motivaciones como el abuso policial, “pero esta asonada de dos o tres días parece muy organizada, para creer que es espontánea. “Pensar que movimientos, que son los mismos que ponen en jaque a la ciudad en la calle 72 o en la 45 en Bogotá, no se comunican con otras ciudades para coordinar y organizar acciones, y que no van a aprovechar la situación, es una posición un poco ingenua. Qué tiene que ver un banco o el transporte masivo con el abuso policial. Como dijo la alcaldesa, destruir no va a destruir la Policía”.
“Lo último es el oportunismo político. Lo llamo la política de los muertos, en el que buscan réditos con la desgracia de la ciudadanía y me parece bajo desde cualquier sector, porque deshumaniza lo que está ocurriendo”. Y agrega: “Tenemos gran cantidad de cosas que se combinan en lo político y oportunismos. No digo que todo esto lo esté organizando alguien, pero esta concertación de hechos con objetivos específicos dan para preguntarse muchas cosas. ¿Qué está pasando ahí? Me parece que hay algo de fondo que no sabemos. Ciertamente con estos hechos la campaña presidencial está abierta, al que mejor posición y al que la gente más le crea, ese es el que va a ganar réditos.Esto va a salir, se acordará, en los debates televisivos que puedan venir”.
Cambios
Entonces, ¿cuál debe ser el siguiente paso para superar la crisis? Casi al unísono la respuesta es abrir canales de debate y de diálogo para buscar transformaciones profundas. Avendaño afirma que, para comenzar, es necesario que el Gobierno escuche las demandas de las organizaciones sociales, estudiantiles, campesinos, sindicatos, del ciudadano de a pie, pues lo que está haciendo hasta ahora “es menospreciar las demandas y eso hace que la gente sienta que no hay legitimidad en las instituciones, ni eficacia en el sistema judicial y, por el contrario, en el corto plazo las condiciones económicas serán más graves. Por eso creo que el Gobierno debe abrir canales de diálogo. Ya hay un pliego que se viene construyendo desde 2019, y eso puede llevar a que se sume un punto: la reestructuración de la Policía”.
En esto coincide Libreros, quien considera necesario impulsar una respuesta social del Estado acorde con las demandas sociales. “Esto no da espera. La clase política, los gremios y la academia tienen que escuchar el drama que viven muchas personas ante, durante y, muy seguramente, después del coronavirus, y diseñar respuestas de política pública. Igualmente, se hace necesario impulsar una reforma a la Policía. No se trata de empezar de cero, tampoco de desconocer las fortalezas de nuestro servicio de policía. Pero necesitamos reformular la vigilancia del espacio público con un enfoque de derechos humanos como mecanismo de garantía de la convivencia y seguridad ciudadana”.
En este punto de la Policía, Marulanda se distancia. “No hay que cambiar la estructura a la Policía, es una falacia a mi modo de ver. Sí hay que revisar el proceso de incorporación, que la Policía no sea un escampadero laboral. Hay que revisar la educación y entrenamiento de los policías que salen a cumplir estas tareas de control ciudadano. Igualmente hay que revisar las supervisiones de la cadena de mando de toda la Policía en todas las misiones cívicas que cumple. Igual hay que apoyarla, porque esto no es ni unas manzanas podridas, porque ya son muchos los casos, pero tampoco son una institución corroída. Son más de 200 mil hombres y mujeres, que unos pocos han fallado, pero la gran mayoría sigue cumpliendo su tarea en condiciones no muy cómodas. Hay que mejorar las condiciones de trabajo de los policías, que no son propiamente las mejores”.
Es por esto que Cancelado insiste que, por un lado, debe venir un debate muy grande de cómo se maneja la fuerza del Estado y, por el otro, revisar las instituciones. No con el discurso de que hay que cambiar, sino de revisar y corregir lo que está mal y reforzar lo que está bien. “Por último, y más complicado, pensar en cómo cambiar esta cultura de la violencia que nos tiene golpeados. Nos acostumbramos a decir que el principal problema es la corrupción, porque ahí les podemos echar la culpa a otros, pero difícilmente somos una sociedad que reflexione sobre sus procesos, y la violencia es el proceso que tenemos más enconado como sociedad en lo cotidiano”.
Finalmente, Donnato dice que no existe una receta y no es deseable que exista. “Si existiera una receta para arreglar los asuntos humanos es porque no son libres de actuar, están predeterminados. Pero, sin duda, sí hay elementos para una salida: el primero, reconocer que se padece un problema. Es fundamental que tanto el Gobierno reconozca responsabilidades, no solo con manifestaciones e investigaciones (que pueden ser populismo punitivo), sino con oportunidades. Entonces, es clave que se articulen y puedan privilegiar la economía, los empleos y las oportunidades en los sectores no favorecidos y que se están manifestando en las calles. Por supuesto, una profunda reforma a la Policía. La institución uniformada, el Estado y los ciudadanos tienen que recordar que sin corazón la justicia es solo una espada”.
Tomado de El Espectador
