En su sitio web, el Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo, Indepaz, actualizó la lamentable cifra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en Colombia en el año 2018.

“Lamentablemente hemos registrado que durante los meses de junio y julio se ha agravado la situación de seguridad de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos por lo que vemos necesario actualizar la información al día de hoy. A la fecha (5 de julio de 2018) 123 líderes y/o defensores de DD. HH. han sido asesinados durante el 2018”, afirma Indepaz en su portal.

http://www.indepaz.org.co/8233/separata-de-actualizacion-de-informe-todos-los-nombres-todos-los-rostros/

En el pasado mes de mayo, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular, la Marcha Patriótica e Indepaz presentaron un Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos: “Situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las Farc-EP y sus familiares”.

Sin embargo, debido al aumento de asesinatos perpetrados en junio y lo que va de julio en contra de lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, se vieron en la obligación de actualizar la información.

En el sitio, destacan las siguientes cifras:
-En el informe el 81,5% son de organizaciones campesinas, JAC o étnicas.
-Si se considera el tipo de conflictos se constata que los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 12,6% del total.
-Los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los asesinatos en el 2018.
-El 15,12% de los homicidios fueron mujeres.
-Desde la elección presidencial el 17 de junio de 2018 se han asesinado a 22 líderes y/o defensores de DDHH (uno diario).
-Durante el periodo de enero a julio 5 en 2016 asesinaron a 57 líderes y/o defensores de DDHH, en el 2017 asesinaron a 93 líderes y/o defensores de DDHH y en lo corrido del 2018 han asesinado a 123 líderes y/o defensores de DDHH.
-En 2018 las organizaciones que reconocen como suyos a los asesinados son en su mayoría la Cumbre Agraria (ONIC 17, Marcha Patriótica 16, PCN 3, Congreso de los Pueblos 2 y Ríos Vivos 2) y de Confederación Comunal de Colombia 16.
-Aparte se cuentan los militantes del nuevo partido político legal Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que suman con familiares 88 personas (70 militantes y 18 familiares).
-Cabe destacar que en los departamentos donde más se presentaron homicidios fueron en Cauca (18), Antioquia (18) y Norte de Santander (11).

Asimismo, Indepaz advierte que la presencia de grupos paramilitares, del ELN y disidencias se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente.

Insisten en que las dificultades actuales del proceso de paz exigen nuevas respuestas frente a las agresiones que se han venido presentando en contra de los líderes y de las comunidades en los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos de paz. El aumento de asesinatos y agresiones en el primer semestre del año 2018 ha sido advertido por las organizaciones sociales y plataformas de DDHH que están exigiendo medidas de prevención y de protección territorial y colectiva como las siguientes:

– Fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección de las comunidades tales como: las guardias indígenas, guardia cimarrona y guardias campesinas
– Pactos regionales de no violencia y en contra de la estigmatización promovidos por los consejos territoriales de paz y demás mecanismos institucionales del sistema de participación
– Cumplimiento de los acuerdos de paz e implementación participativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial y de los pactos de sustitución
– Incorporación a los pactos de sustitución de cultivos de uso ilícito de todas las familias que han expresado su voluntad de participar y por lo tanto suspensión de erradicación forzada en esos territorios
– Ejecución urgente de las inversiones definidas en planes regionales y contratos plan en los municipios más afectados por la violencia
– Plan de urgencia de inversión social para la juventud y las mujeres con incorporación masiva a programas educativos y a proyectos productivos y culturales
– Cumplimiento estricto de los compromisos con los excombatientes tantos en las Zonas de ubicación como en otras actividades
– Compromisos políticos y sociales de implementación plena de los acuerdos con las comunidades en los territorios (Buenaventura, Chocó, Tumaco, Cauca, Bajo Cauca, Cumbre Agraria, Minga Indígena)
– Trámite del proyecto de ley sobre sometimiento a la justicia de grupos armados organizados y otras estructuras delincuenciales
– Plan anticorrupción que comprometa a todos los agentes del Estado y a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil para evitar cualquier complicidad, colaboración o connivencia con las economías ilícitas y las dinámicas violentas para la apropiación de recursos públicos y rentas de negocios legales o ilegales, entre otras