La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y la Mesa Regional Amazónica (MRA) acaban de denunciar que la Amazonia colombiana, esa vasta mancha selvática superior a las 40 millones de hectáreas que hace parte del denominado pulmón del planeta, atraviesa por su peor crisis humanitaria.
Según ambas organizaciones, la minería ilegal, uno de los principales protagonistas en la hecatombe ambiental por la que pasan los recursos naturales nacionales, es uno de los mayores detonantes en la actual crisis humanitaria de los pueblos indígenas amazónicos, una etiqueta que “aunque ha sido reconocida por el Estado, es negligentemente desatendida”.
Los 66 grupos indígenas que hacen parte de estos grupos basan su afirmación en la cuadragésima séptima sesión de la Mesa Regional Amazónica, donde varias entidades del Estado les presentaron algunos reportes de las actuaciones que han desarrollado sobre la exploración ilícita de oro, en cumplimiento de los acuerdos de consulta previa y concertación del Ministerio de Minas y Energía.
Uno de los mayores hallazgos sobre la crisis humanitaria por la minería ilegal fue un estudio de Parque Naturales Nacionales sobre las concentraciones de mercurio en peces de los ríos Caquetá, Apaporis y Cotuhé, al igual que en los cabellos de varias etnias de la región.
“Dicho estudio encontró que las concentraciones de mercurio total en el cabello excedieron el umbral establecido por la Organización Mundial de la Salud, que es de 5 microgramos por gramo (μg/g). También halló altos niveles de mercurio en niños menores de 2 años, lo que indica que durante su periodo de lactancia consumieron leche materna contaminada con ese tóxico”, cita el documento conjunto de la OPIAC y MRA.
Otro insumo vino por parte del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), quien al encontrar mercurio en los ríos Amazonas, Putumayo, Guaviare y Vaupés concluyó que era necesario considerar una alerta temprana por parte del Estado colombiano respecto a la contaminación por metales pesados y a la afectación de los ecosistemas acuáticos amazónicos, peces y dinámicas socioeconómicas regionales y transfronterizas.
“La respuesta de las entidades del Estado es que generarían canales alternativos de comunicación entre los espacios de decisión política y comunidades afectadas, una situación que para nada ayuda a resolver esta grave problemática. Estos reportes evidencian claramente la ausencia de coordinación con los pueblos indígenas y sus autoridades, al igual que la ineficacia de las acciones para detener el flagelo de la minería ilegal en la Amazonia”, concluyen la OPIAC y MRA.
Según los pueblos indígenas, en la reunión la Mesa Regional Amazónica le propusieron al gobierno varias propuestas de trabajo y coordinación, “respuestas que siempre fueron las mismas: no eran posibles debido a la falta de recursos económicos, cuando claramente es la muestra de la falta de voluntad política enfrentar esta problemática”.
No rotundo a la minería
Ante la arbitrariedad del estado colombiano, la OPIAC ratificó el posicionamiento político de las autoridades tradicionales y líderes indígenas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, para rechazar la minería en todas sus expresiones (legales o ilegales).
“La vocación de los territorios ancestrales no es de extracción, sino de conservación cultural, social y ambiental. Por lo anterior, no renunciamos al derecho como habitantes milenarios del territorio y guardianes de la Amazonia de tomar las decisiones sobre el suelo y subsuelo, lucha histórica que ahora más que nunca se fortalece”, revela el documento.
Los indígenas amazónicos tampoco aceptan ninguna militarización de sus territorios como respuesta a la minería ilegal, “pues rechazamos que sea la única respuesta estatal a los problemas en las comunidades”.
La violación de los derechos a la vida, salud, seguridad alimentaria, cultura y ambiente también preocupan a las etnias amazónicas. “Pese a que somos sujetos de especial protección en el marco legal colombiano y de que existen sentencias judiciales que ordenan al Estado nuestra protección, el actual gobierno no tiene la voluntad de atender la situación de los pueblos indígenas, pero sí demuestra su interés para hablar en escenarios internacionales de la protección de la Amazonia y sus habitantes”.
En el documento de ambas asociaciones le exigen al gobierno generar los espacios de diálogo y concertación en coordinación con las autoridades indígenas, que permitan acordar rutas de trabajo integral y mancomunado que posibilite la pervivencia física y cultural.
“Solicitamos a los gobiernos internacionales, donantes y cooperantes que aportan recursos en pro de la Amazonia, su acompañamiento ante la crisis humanitaria que estamos viviendo los pueblos indígenas”, concluye el informe.
Tomado de Revista Semana
