Temor generalizado, aunque infundado, despertó en la opinión nacional la supuesta expropiación a la que seríamos sometidos los colombianos ante una posible elección de Gustavo Petro como presidente de la República. Se armó Troya, «el país del sagrado corazón en manos del comunismo ateo» y, por si fuera poco, dispuesto a expropiar a propios y ajenos. Poco a poco, y como era lógico ante una falacia de tal magnitud, la presión mediática disminuyó y la opinión pública parece haber vuelto a la sensatez.
No obstante, es importante recordar que durante siglos los colombianos hemos estado sometidos a diferentes tipos de expropiación —y no precisamente por parte del «castrochavismo»—; quienes nos han llevado al saqueo y al menosprecio de nuestros mínimos derechos son aquellos que hoy pregonan que el apocalipsis llega enfundado en la izquierda democrática.
No es un misterio que, desde tiempos inmemoriales, el latrocinio ha sido constante tanto de parte de nuestra dirigencia económica y política, como de gobiernos extranjeros y empresas multinacionales. Desde 1968, el grupo de los países más desarrollados, denominado G-7, formuló un paquete de reformas para el grueso de los llamados «países en desarrollo», promovidas a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que el economista John Williamson designara como «El consenso de Washington».
Posteriormente, en la década de los 90, con la apertura económica impulsada en nuestro país por el presidente de la época, César Gaviria, se dio paso al neoliberalismo económico, cuyo fin último era limitar el papel del Estado en la economía, pasando a ser un simple regulador de la iniciativa privada y del libre comercio. Fue precisamente a partir de allí que empezó la más grande expropiación de los bienes públicos, que a través de diferentes negociaciones pasaron a manos privadas, especialmente de empresas multinacionales extranjeras.
Desde dicha época, y de manera gradual, más de treinta entidades financieras, entre las que se destacan Banco de Colombia, Banco del Café, Granahorrar, Banco del Estado, entre otras, pasaron a manos de capital privado, en la mayoría de los casos, extranjero. Igual suerte corrieron empresas como Telecom, Ecogás y electrificadoras como las de Norte de Santander, Cundinamarca y Santander, por mencionar solo algunas pocas.
Asimismo, nuestros recursos naturales son explotados por empresas mineras foráneas, tales como Anglogold, Continental Gold, Glencore, Anglo American, BHP Billiton, etc., que no solamente nos birlan nuestra riqueza, sino que de igual manera afectan el medio ambiente, sembrando pobreza y desolación en las regiones donde ejercen su actividad. Caso emblemático es el del río Ranchería, en La Guajira, cuyo cauce fue desviado para suplir las necesidades de agua en la mina del Cerrejón, en detrimento de la ya, bastante afectada, población indígena wayúu.
Sin embargo, allí no cesa el despojo, las empresas privadas foráneas día a día ganan más terreno en nuestro territorio, y nuestros dirigentes claudican ante el poderío económico y de paso subyugan a los colombianos obligándolos a aceptar contratos leoninos, donde con «cara ganan ellos y con sello pierde el cliente». Un ejemplo nítido se presenta con las empresas que prestan servicios fijos y móviles de telecomunicaciones, nada más desesperanzador que enfrentar el abuso de dichas empresas, una reclamación ante dichas entidades se vuelve eterna y someten al usuario a su arbitrio con la mirada cómplice del Estado.
Lo más grave es que no solamente nos han expropiado nuestros recursos económicos, sino que también nos han conculcado nuestros derechos fundamentales; la dignidad humana se desvanece, el humanismo no es más que un simple concepto sin contenido material, la solidaridad, la sensibilidad, el amor al prójimo, el derecho a la vida y la integridad, el derecho a la diferencia, la posibilidad de disentir, entre otros derechos y valores, desaparecen bajo el manto del materialismo extremo, la acumulación de bienes y la iniciativa individual. En la actualidad existen «buenos muertos», se exalta la justicia por mano propia —con sus excesos e incoherencia entre la bondad y la maldad— se privilegia la confrontación frente al diálogo y la comprensión, así como frente a la posibilidad de «ponerse en los zapatos del otro».
Como colofón, no podría dejarse pasar por alto un hecho notorio en la actualidad y es el sinuoso camino que afronta la verdad; el valor que otrora fuera el faro de la sociedad, hoy no es más que una mercancía, todo aquel que tenga poder económico o político construye su verdad y a través de múltiples artificios termina imponiéndola como argumento irrefutable en beneficio de intereses particulares individuales o colectivos y, como es lógico, en menoscabo de la realidad social.