El Gobierno rechazó las afirmaciones que hizo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en las que este organismo internacional condena los «ataques contra excombatientes reincorporados».
Por eso, afirma, «es totalmente inaceptable» que los expertos de ONU aseguren que hay un «aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal», y que afirmen que el Estado no ha tomado las medidas para implementar los acuerdos.
En el comunicado, el Gobierno afirma que en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación donde se encuentran los desmovilizados se han implementado dispositivos de seguridad en los que hay presencia permanente de la Policía, con 1.243 miembros de la Fuerza Pública cuidando esos puntos.
El comunicado de Presidencia asegura que «es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas Farc».
Por eso, el Gobierno señaló que rechaza lo dicho por los relatores de la ONU pues «su contenido tiene el efecto nocivo de minar la confianza que con tanto esfuerzo estamos construyendo».
El Ejecutivo asegura que no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las Farc y que, por el contrario, viene haciendo un «esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final».
También, dice el Gobierno, se ha encargado al Comando Conjunto Estratégico de Transición del Ejército de cuidar a los desmovilizados, con una participación de 220 personas en la coordinación y casi 3.000 uniformados brindando seguridad. Además, asegura, hay un batallón en cada uno de los 24 espacios territoriales.
Según el Gobierno, tres relatores especiales de Naciones Unidas le enviaron al Ejecutivo el pasado 16 de mayo una comunicación, a través de la Misión de Colombia en Ginebra, en la que le pidieron responder un cuestionario. Sin embargo, dice el Ejecutivo, los relatores salieron de forma anticipada «profiriendo afirmaciones tajantes y malintencionadas», lo que llevó al Gobierno a replantear su decisión de responder el cuestionario.
El Gobierno afirma que los relatores especiales no procedieron según el Código de Conducta que rige para estos delegados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto porque, dice el Ejecutivo, les faltó contrastar su información con diversas fuentes. «Presenta deducciones y realiza afirmaciones que atribuyen responsabilidad al Estado, sin haber recibido aún ninguna información de las autoridades encargadas de investigar, judicializar y sancionar a los responsables», afirmó el Estado colombiano, agregando que los relatores se anticipan a conclusiones «sin haber recibido respuesta oficial».
Por eso el Gobierno afirma que lo dicho por los relatores especiales corresponde a una «reacción prematura» que desconoce «el marco de cooperación y asistencia que ha caracterizado el relacionamiento de Colombia con las agencias e instancias de las Naciones Unidas, en especial con los procedimientos especiales que actúan bajo la autoridad del Consejo de Derechos Humanos.
Por eso el Ejecutivo asegura que las opiniones del comunicado de los relatores son «infundadas», pues el gobierno del Presidente Iván Duque tiene el compromiso de «acompañar, apoyar y proteger a cada uno de los excombatientes que están en proceso de legítima reincorporación».
Asegura que la seguridad de quienes se acogieron al proceso de paz «es una prioridad para este Gobierno, que no ha escatimado esfuerzos para garantizar su protección», y que así lo ha reconocido el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu quien, según el Ejecutivo, frente a la muerte del excombatiente de las Farc Dimar Torres, hizo un reconocimiento a la Fuerza Pública por «brindar seguridad en estos territorios y a excombatientes”.
Con este comunicado el Gobierno respondió a las declaraciones de la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, quien instó al Gobierno a que «deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida”.
Este grupo afirmó que «el aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz”. Los relatores se refirieron al asesinato del excombatiente de las Farc Dimar Torres Arévalo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 22 de abril cerca de un campamento de las Fuerzas Militares.
Según el Ejecutivo, el caso de Dimar Torres «está siendo investigado en forma diligente por las autoridades. Ha sido de público conocimiento que la Fiscalía General de la Nación, los Jueces, el Gobierno y las Fuerzas Militares han reaccionado de manera decidida y contundente contra los implicados».
El Gobierno asegura que hay una persona detenida por este asesinato, y un oficial de alto rango fue vinculado al caso por el delito de encubrimiento, y fue llamado a calificar servicios por la Junta de Generales.
Finalmente, el Ejecutivo asegura que redoblará los esfuerzos por seguir brindando seguridad en los espacios territoriales donde están los desmovilizados.
Tomado de El Tiempo
