#DuqueNoLeCumplióAlPaís
Colombia, 3 enero de 2022.- Hasta que el presidente Iván Duque Márquez no acepte que los asesinatos y en general, la violencia del país son responsabilidad y consecuencia de su omisión como mandatario, seguirán sucediendo hechos violentos que afectan a la sociedad en general.
Entender que los defensores de derechos humanos son una pérdida incalculable para el país, que las personas que están siendo asesinadas, desplazadas, desaparecidas y masacradas son ciudadanos colombianos a los cuales se les vulneran los derechos humanos ayudará a que la lucha en contra de la violencia sea de toda la sociedad. A pesar de todos esos hechos, Duque demuestra que no entiende cuál es la realidad de un país que yace a merced de la muerte como poder de facto. Ese es el verdadero reflejo del espejo de la Colombia que históricamente ha estado condenada a muerte.
Frente a la violencia que continúa con más fuerza en Colombia la pregunta de una gran parte de la sociedad es ¿por qué el presidente Duque dice que su balance de país es positivo cuando la violación a los derechos humanos son una constante en la vida diaria de los colombianos?
Ese mensaje del Presidente es indolente con las víctimas que ha dejado la nueva ola de violencia, una violencia que demuestra la falta de condiciones de seguridad para la ciudadanía durante el 2021. En su discurso, Duque quiere ocultar su malísima gestión y olvida la grave situación de seguridad y violencia en la que está sumido el país.
Enumerando uno a uno algunos de los compromisos del Gobierno Colombiano nos encontramos con uno muy especial: el presidente Iván Duque en el encuentro “Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos” convocada por la Procuraduría General de la Nación en Apartadó el 23 de agosto del 2018, se comprometió a buscar todos los mecanismos necesarios para la no repetición de hechos de violencia, la seguridad, la protección, luchar contra la impunidad y el fortalecimiento institucional para brindar todas las garantías al trabajo de la defensa de los derechos humanos.
El evento contó con la participación de testigos como el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker y otros altos representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), la Oficina de Naciones Unidas y el PNUD. Asimismo, por parte del Gobierno, llegó el Presidente Iván Duque, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, los gobernadores de los 3 departamentos citados y el Ministerio Público. Desde las organizaciones sociales asistió el Proceso Social de Garantías de Antioquia, Corpades y líderes de Antioquia, Córdoba y Chocó.
Con respecto a ese encuentro es necesario recordar que las organizaciones sociales han alertado sobre el incremento de agresiones, homicidios, la falta de la implementación de los acuerdos de paz y la presencia del poder paramafioso que avanza por cada una de las subregiones de Antioquia sin ninguna oposición del Estado. Hay constancia de la difícil situación por la que atravesó y atraviesa el departamento de Antioquia. Lo que se denunció ocurrió y dejó como más de 1.000 defensores de derechos humanos asesinados por grupos paramilitares.
Además, es importante mencionar que, en dicho encuentro, Duque, los testigos y demás asistentes, aunque se comprometieron, no entendieron el llamado de las organizaciones de derechos humanos. Fue una reunión como todas, en las que no se tomaban soluciones de fondo.
Por su parte el exterminio y el desangre continuaron con total impunidad, el penoso silencio de la Embajada de Estados Unidos y la USAID fueron superando expectativas del movimiento de derechos humanos, los graves hechos de violencia hacia los defensores de derechos humanos siguieron planificándose, los oídos sordos de la comunidad internacional se acumulan y la omisión del Estado colombiano es cada vez mayor.
Tal vez la única explicación a este silencio internacional es que este brutal holocausto no está ocurriendo en Venezuela, de serlo, ya se habrían agotado todos los canales diplomáticos contra Colombia.
En el país más peligroso del mundo para ser defensor de derechos humanos –Colombia- no hay un Ministerio Público comprometido con las funciones constitucionales, de cumplirlas, sería menor la violencia contra ellos y habría un aliado del movimiento de los derechos humanos. Pero la crisis por la concentración de los poderes de los organismos de control sigue en manos del gobierno de turno, simulan una ceguera de salón y hacen saludo venial a la matanza.
Otra promesa incumplida a los defensores de derechos humanos ha sido el Acuerdo de Escazú que tiene como objetivo el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y las garantías a la labor de los defensores de derechos humanos de América Latina y el Caribe. Fue firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y entró en vigencia el 22 de abril del 2020.
Colombia no protege a sus defensores de derechos humanos
La organización no gubernamental, Front Line Defender, en su más reciente análisis de seguimiento global al derecho a la vida de defensores de derechos humanos en el mundo, ha identificado el asesinato de 331 defensores en el mundo durante el 2020, 287 hombres 44 mujeres, el 69% defendía los derechos de los pueblos indígenas, derecho a la tierra y el medio ambiente, 26% hacían parte de los pueblos indígenas y el 28% defendió los derechos de las mujeres.
En ese análisis, Colombia ocupa el primer lugar en el ranking de los países donde más matan líderes sociales a nivel mundial, de esos 331 casos de homicidios 177 ocurrieron en Colombia.
No existen precedentes mundiales de tan magnitud; si pudiéramos sumar los homicidios de personas defensoras de derechos humanos de todo el mundo y la comparamos con los datos sobre Colombia superamos esa suma.
Aun así, ¿Iván Duque dice que están protegiendo a los líderes sociales en Colombia?
Homicidios a defensores de derechos humanos desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta 24 de diciembre 2021
Defender los derechos humanos en Colombia cuesta la vida. En los 1.242 días de la posesión de Iván Duque, solo puede notarse la falta de voluntad con la paz y con protección a los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, Indepaz reporta 1.283 defensores de derechos humanos asesinados desde la firma del acuerdo de paz, 885 casos en la durante el mandato de Duque, 168 de estas víctimas fueron asesinadas durante el año 2021.
El Gobierno Nacional ha sido indolente con las víctimas y no ha buscado estrategias contundentes para brindar protección y garantías y así frenar estos ríos de sangre. A Duque realmente no parece importarle la realidad que viven los colombianos, aquí asesinan defensores de derechos humanos constantemente y las masacres son un riesgo latente.
Cauca y Antioquia son los departamentos con más homicidios presentados a líderes sociales.
Homicidios a defensores de derechos humanos 2017 al 2021 en Antioquia
Por su parte, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos en su reciente
informe evidencia completamente el escenario de violencia que padecen las comunidades y los líderes sociales de Antioquia. Con el Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de líderes y lideresas sociales de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad se muestra el panorama desolador y la sistemática omisión de un Estado. Desde el 2017 han sido asesinados 138 defensores de derechos humanos en Antioquia, una ola de sangre se ha apoderado de cada milímetro del departamento
Con la presunta entrega de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, máximo jefe del grupo paramafioso de las AGC, el pasado 23 de octubre 2021 quedan muchas preguntas que resolver, pero también es claro que ninguno de estos “golpes históricos” realizados por la fuerza pública logra fragmentar o acabar con el poder criminal que tienen en todo el país.
Según testimonios de personas que viven en zonas de influencia de las AGC hoy están más fuertes que nunca y su fuerza se extiende para consolidar un paramilitarismo nacional con unidad de mando total.
Igual pasa con el Frente Virgilio Peralta Arenas más conocidos como Los Caparrapos, aunque disminuidos, todavía con su poder controlar grandes zonas en los municipios de Bajo Cauca y Sur de Córdoba.
“Otoniel” jefe de las AGC dice que se entregó voluntariamente, Duque asegura que fue detenido
Cifras de asesinatos a firmantes de la paz
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre del 2016, han sido asesinados 299 firmantes de la paz. El Gobierno Colombiano sigue faltando a lo pactado para garantizar la reincorporación de ex guerrilleros, además no está protegiendo la vida de quienes decidieron apostarle a la paz.
Sin un compromiso real del Estado con los acuerdos de paz el crecimiento de grupos paramilitares, disidencias, guerrillas y otras estructuras siguen siendo engrosadas por la capacidad militar de excombatientes de las antiguas Farc que no han encontrado las garantías para su reincorporación efectiva. Para salvar sus vidas y las de sus familias deciden regresar a las sendas de la guerra.
En julio del año 2020 cerca de 93 excombatientes que adelantaban su proceso de reincorporación en el espacio territorial de Santa Lucía en Ituango Antioquia, salieron en condición de desplazamiento forzado hacia el municipio de Mutatá. Todo por la falta de una seguridad suficiente en medio de una situación de disputa territorial entre las Disidencias y los paramilitares de las AGC que amenazaban la integridad de estas personas.
Noviembre del 2021 también fue un mes catastrófico para los firmantes de la paz y sus familias. La violencia acaecida en los Llanos del Yarí, sur de la Sierra de la Macarena (Meta), provocó el desplazamiento masivo de cerca de 106 familias de ETCR ubicado en ese sector.
Ante un riesgo inminente y sin garantías el desplazamiento masivo forzado no se hizo esperar.
Otra vez el Gobierno no cumplió.
Cifras históricas sobre la violencia armada en Colombia 2016-2021
Desde la llegada de Duque al poder todas las formas de violencia se han incrementado. Cerca de 10.000 acciones de violencia han sido registradas por la Oficina de Asuntos Humanitarios ONU en Colombia.
Mientras en 2016 se presentaron mínimos históricos en las acciones violentas contra la población, en el 2021 ocurrieron 1.395 homicidios intencionales en persona protegida, 522 amenazas (individuales/colectivas), 217 heridas intencionales en persona protegida, 199 combates, 188 explosivos encontrados, 161 artefactos explosivos improvisados, 141 hostigamientos, 132 enfrentamientos entre grupos armados, 113 atentados, 112 secuestros, 93 masacres y otras graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que afectaron la vida de 242.188 civiles entre los que se encuentran 59.517 afros y 71.759 Indígenas (Cifras, Oficina de Asuntos Humanitarios ONU).
Colombia el país con más masacres en el mundo
Antioquia y Cauca lideran el primero y segundo lugar en el número de masacres.
Con las cifras de la Oficina de Asuntos Humanitarios ONU Colombia e Indepaz se han logrado documentar 286 masacres desde el año 2016.
Como país se debe entender la existencia de una ciudadanía indolente que no muestra ningún nivel de rechazo social de estos hechos, el rumbo de esta matazón solo tiene sentido bajo la imagen de un poder tecnócrata de la muerte que regresa violentamente, mientras tanto, las víctimas siguen reclamando a gritos: No más violencia.
Las muertes violentas siguen muy altas
Las muertes violentas en el país mostraron una reducción histórica luego de que el 4 de septiembre del 2012, el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, confirmó públicamente el inicio de las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc. Una reducción del 7% de los homicidios en ese primer año abrió paso a la esperanza del camino hacia la paz. Luego una reducción del 13% entre 2013-2014 hasta mantenerse en un promedio de 12.234 casos.
En el tiempo de Duque se han presentado más de 42.000 muertes violentas y el balance que hace el Gobierno Nacional no corresponde a la realidad. Si bien, es cierto que el año con menos homicidios en los últimos años fue el 2020 (12.018 homicidios), no se puede perder de vista el impacto de los más de 159 días de fuerte distanciamiento social que influyeron de manera directa en la reducción de dichos asesinatos en cada rincón del país; además, la reducción entre los años 2019-2020 solo fue del 5,04%, una disminución realmente mínima que ya venía con una tendencia a la baja.
Colombia el país con mayor número de desplazamientos en el mundo
Número de desplazamientos en Colombia 2020-2021
Número de Desplazados en Colombia 2020-2021
Los conflictos territoriales por presencia armada y la disputa de diferentes actores paramilitares, disidencias, guerrillas y otros grupos armados se imponen sobre las comunidades de todo el país, a su paso, las comunidades más vulnerables sufren el rigor de la violencia.
Entre el 1 de enero y noviembre de 2021 CODHES registró un aumento del 65,3% en la cantidad de desplazamientos en relación al año 2020, también un aumento del 169,3% en el número de personas desplazadas forzadas en el país.
Los departamentos con cantidad de desplazamientos forzados fueron Nariño 32.026 víctimas, Antioquia 10.698, Chocó 9.857 y Cauca con 8.418.
Segundo lugar en el mundo en violencia contra la mujer
En el reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OECD sobre violencia contra la mujer en el mundo, Colombia ocupa el segundo lugar con mayores acciones violentas hacia la mujer. Este informe está basado en una comparación entre los 38 gobiernos que pertenecen a la OECD.
Nuestro país solo es superado por Turquía con el 38%, Colombia registra un porcentaje de 37,4%, seguido de Costa Rica 36%, Estados Unidos 35,6%, y Nueva Zelanda 35% respectivamente.
En el presente año han ocurrido 12.518 muertes violentas en Colombia, de estas cifras 952 fueron homicidios contra mujeres.
Colombia el segundo país más peligroso para periodistas
Colombia también es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Eso muestra el informe anual de la organización Reporteros Sin Fronteras. Desde esta ONG francesa, se asegura que durante las protestas en Colombia se registraron 70 agresiones a la prensa. También es necesario mencionar que algunos funcionarios públicos recurren a la estigmatización de periodistas en el marco de las manifestaciones del paro nacional.
En materia de homicidios a periodistas Colombia está ubicada entre los 10 países más peligrosos del mundo para ejercer este oficio. Ocupa el segundo lugar con 9 periodistas asesinados en los últimos 5 años, solo es superado por el país centroamericano de México con 47 periodistas asesinados.
Violencia de Estado en la Protesta social
Durante las grandes movilizaciones sociales en Colombia en el 2021 dejaron una estela de violencia de gubernamental contra manifestantes. El uso desmedido de la fuerza pública en contra de los manifestantes dejó un saldo de 79 asesinatos, 44 de presunta autoría de la fuerza pública, 90 personas fueron víctimas de violencia ocular, 35 víctimas de violencia sexual y 833 intervenciones violentas (Cifras de la violencia en las regiones 2021, Indepaz).
El hecho más delicado que demuestra la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública fue el informe de la investigación de las Naciones Unidas concluyó que sí hubo graves abusos policiales y uso desmedido de la fuerza en el marco de la protesta social que derivaron en la muerte de Javier Ordóñez y otras 11 víctimas mortales en septiembre de 2020, en Bogotá y Soacha.
Policía es responsable de dos masacres que dejaron 11 asesinatos en las protestas de 2020
Este informe especial recoge algunos elementos fundamentales en materia de la crisis de seguridad que atraviesa el país, los asesinatos a líderes sociales, a firmantes de paz, las altas cifras de violencia armada registradas por la ONU, las altas cifras de masacres, homicidios violentos, desplazamientos, violencia contra la mujer, los periodistas y la dictadura de la impunidad como algunos de los indicadores sobre la real situación de política de seguridad en Colombia.
Todas y cada una de estas cifras o hechos muestran que el Gobierno de Iván Duque y el oficialismo que representa han sido incapaces de darles respuestas a graves problemáticas que padece la sociedad colombiana.
Otro de los problemas graves es la concentración del poder ejecutivo a favor del gobierno, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Nación son cada día más leales al poder político que a la ciudadanía.
