MEDELLÍN, ANTIOQUIA (26 MAR 2024) – En un incidente trágico que ha conmocionado a la comunidad de Medellín, la Fiscalía General de la Nación ha imputado a Pablo Gómez Osorno, de 23 años, como presunto responsable de causar la muerte de Tulia Cristina Mejía Molina, de 60 años, en un lamentable accidente en la ciclovía del barrio El Poblado.
Según la investigación, el suceso ocurrió el pasado domingo, 24 de marzo, cuando Mejía Molina, acompañada de dos mujeres más, disfrutaba de un paseo por una de las ciclovías habilitadas en la ciudad. Sin previo aviso, fueron embestidas por un vehículo que, según los informes, era conducido a alta velocidad por Gómez Osorno, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente.
A pesar de los esfuerzos por brindar atención médica de urgencia, Mejía Molina falleció en el traslado a un centro de salud. La prueba de alcoholemia realizada al procesado arrojó un resultado de grado 2, fortaleciendo la teoría de su estado de embriaguez durante el accidente.
Frente a un juez de control de garantías, se presentó a Gómez Osorno, quien decidió no aceptar los cargos de homicidio con dolo eventual imputados por la Fiscalía. Curiosamente, el juez se abstuvo de imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el investigado, aunque seguirá vinculado al proceso penal.
Este suceso pone de relieve los peligros que enfrentan peatones y ciclistas en las vías de la ciudad, especialmente ante conductores que irrespetan las normas de tránsito y ponen en riesgo la vida de otros. La comunidad de Medellín y las autoridades locales se encuentran consternadas ante este hecho y esperan que se haga justicia para la víctima y su familia.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.