México, 27 enero – La Secretaría de la Función Pública (SFP) de México destituyó e inhabilitó este miércoles por diez años al funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) Luis Manuel Galván Arcos por su relación con la Estafa Maestra, una trama de corrupción en universidades públicas.
Según la investigación, el inhabilitado, que estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas de Pemex, omitió incluir en su declaración patrimonial dos cuentas bancarias a nombre de su cónyuge por una cantidad de 3,2 millones de pesos (unos 160.000 dólares).
«La declaración patrimonial es un instrumento fundamental para la rendición de cuentas», recordó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en el comunicado donde anunció la sanción.
Los ejercicios en los Luis Manuel Galván ocultó su capital fueron 2013, 2014, 2014, 2015 y 2016.
La Secretaría de la Función Pública reveló que tuvo una audiencia con el exfuncionario de Pemex en la que este «no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados».
«Tenemos que construir una nueva ética pública, donde todos cumplamos con nuestras obligaciones y seamos parte de un México más honesto», consideró Sandoval, que en dos años en el cargo ha impuesto 43 inhabilitaciones y 8 destituciones.
La Estafa Maestra fue un esquema de corrupción ocurrido bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el que se desviaron fondos por 5.000 millones de pesos (225 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma.
Esta semana, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó también por diez años a un alto funcionario de la administración de Peña Nieto, Alfredo Castillo, por omitir declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge.
La sanción derivó de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.
Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un «minucioso procedimiento administrativo sancionador» y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18,3 millones de pesos (unos 900.000 dólares).
La lucha contra la corrupción y la austeridad gubernamental son dos de los pilares del Gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y por ello ha impulsado la investigación de casos de corrupción del pasado, poniendo en el punto de mira incluso a expresidentes.
