Fuentes de inteligencia informan a la Agencia de Prensa Análisis Urbano que el 24 de noviembre le propinaron un importante golpe militar al Grupo Armado Organizado (GAO) AGC —o Clan del Golfo— a través de un ataque aéreo estratégico en el marco de la Campaña Militar Policial Agamenón II con el apoyo de la Fuerza Aérea. El operativo fue dirigido al campamento que los ilegales tenían situado en la vereda El Colorado, municipio de San José de Uré, en el departamento de Córdoba. Allí estarían reunidos unos 50 o 60 miembros de la subestructura o frente Rubén Darío Ávila.
En la operación militar y policial resultaron muertos cuatro sujetos que hasta el momento no han sido identificados; dos más fueron capturados heridos y una menor fue recuperada. Según las fuentes de inteligencia unos 10 integrantes más habrían resultado heridos en el sitio; se esperan deserciones y entregas de muchos de ellos al personal militar y policial.
Igualmente se recuperó armamento largo consistente en 8 fusiles, 1 escopeta de repetición, 1 pistola Jericó, 1 cañón de ametralladora, 39 proveedores para varios calibres, 3.261 cartuchos de varios calibres, 1 mira mecánica, 10 chalecos multipropósitos, además de material de intendencia y comunicaciones, 22 equipos de campaña, 10 cintelas, 8 hamacas, 13 uniformes camuflados, 2 estufas, 1 botiquín de primeros auxilios, 2 radiotransmisores, 3 teléfonos celulares, 1 tarjeta de reportes —en términos militares es Idioma Operacional de Combate (IOC)— y 2 agendas.
Llama la atención de la fuerza pública el hallazgo en el campamento bombardeado de explosivos, lo que significa que un GAO como las AGC estarían utilizando estos con más frecuencia, asemejándose a la forma de operar militarmente de la guerrilla y las actuales disidencias conocidas como los Grupos Residuales.
El material de explosivos hallado fue: 3 kilos de explosivos, 3 granadas de fragmentación, 9 libras de pólvora negra, 8 detonadores aneléctricos, 15 metros de cordón detonante y un artefacto explosivo tipo mina artesanal en PVC. Las operaciones militares continúan en la zona.
La inteligencia militar detectó la presencia de un número elevado de miembros de las AGC que estarían prestos a un inminente enfrentamiento con los Caparrapos, sus enemigos en el Bajo Cauca que vienen penetrando esta zona de Córdoba al igual que Santa Rita en Ituango al norte de Antioquia.
Más allá de las bajas, las capturas y los decomisos, este ataque aéreo empieza a mostrar que el Estado colombiano, a través de sus fuerzas militares y de policía, ha pasado a la ofensiva, ya no solo con operaciones militares helicoportadas, también acompañadas con el bombardeo estratégico a los campamentos de los GAO, en este caso las AGC y el segundo que se produce en tres años.
A mediados de noviembre de 2015, la operación Agamenón I utilizó un ataque aéreo contra un campamento de las AGC, organización paramilitar y mafiosa que era conocida en ese entonces como Los Urabeños. El operativo, donde resultaron muertos 12 de sus miembros, ocurrió en el municipio de Unguía, entre los sitios El Peye y Tilup, en el norte del departamento del Chocó.
Ese primer bombardeo abrió el debate nacional sobre la validez de lanzar ataques aéreos contra organizaciones criminales de ese tipo. Hasta entonces los bombardeos solo se habían utilizado contra la insurgencia armada, FARC, ELN, entre otras.
En los ataques aéreos se utilizaron bombas de 250, 500 y 1000 libras. Fuentes de inteligencia manifiestan que este tipo de operaciones militares serán más frecuentes y no es un bombardeo aislado lo que ocurrió en Uré, pues se seguirán registrando más continuamente con el fin de minar la capacidad militar, logística, económica y la moral de quienes hacen parte de las AGC. «No quisieron someterse a la justicia, ahora van a sentir el poder del Estado para doblegarlos y llevarlos al sometimiento a la justicia. Sabemos que muchos llegarán a entregarse individualmente pero es obvio que vendrán las entregas colectivas, los GAO no están preparados para ataques aéreos de envergadura, lo de San José de Uré es contundente y solo es el inicio, su camino es la entrega voluntaria y colectiva», aseguró la fuente.
¿Por qué un ataque aéreo en San José de Uré?
Primero, se debe tener en cuenta que San José de Uré se encuentra a un lado del Bajo Cauca antioqueño, tiene 14.000 mil habitantes y lo componen 86 veredas y 9 corregimientos. La violencia y la criminalidad que golpea al Bajo Cauca ha llegado a la par al municipio de San José de Uré; el 22 de marzo, Análisis Urbano registró que los hechos de violencia en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba cada vez dejan más víctimas y evidencia de que el control territorial está en manos del crimen. En el artículo: «Caparrapos y AGC se enfrentan en zona rural de San José de Uré y Cáceres» se informó sobre los combates entre hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Caparrapos, en inmediaciones de los municipios de Cáceres, en Antioquia, y San José de Uré, en Córdoba. Además se hizo reporte sobre los desplazamientos y se denunció la presencia de carteles mexicanos en esa zona de Colombia.
El 29 de julio del año en curso, La Silla Caribe mostraba la intensidad del conflicto violento y criminal que se presenta en Uré, en ese momento era el pueblo de Córdoba en el que más líderes sociales habían sido asesinados en 2018, además de que en la zona rural que limita con Tarazá en Antioquia eran permanentes los combates entre las AGC y los Caparrapos. A la fecha, se siguen registrando pues Uré es un punto estratégico para el control militar, económico del narcotráfico.
Pareciera ser que la decisión del Estado colombiano y su fuerza pública es la de cortarle las alas definitivamente a los GAO y las disidencias. Con las AGC lo hace a través de la Operación Agamenón II, al resto con las operaciones militares y policiales apoyadas por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), razón por la que ya han bombardeado los campamentos de la disidencia del 36, al mando de Cabuyo.
Desde Análisis Urbano y la ONG Corpades esperamos que finalmente unos y otros entiendan que el camino a la paz se trasiega por medio del sometimiento a la justicia; y que el Gobierno nacional siga adelante con la mesa de diálogo con el ELN. Ahora que se celebran dos años de la firma del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las FARC, este sirva de ejemplo para que la paz total pueda abrigar a Colombia más temprano que tarde.