Invalidan acuerdo municipal que prohíbe la minería en Tarso, Antioquia
Asimismo, se indica que entre las razones expuestas por el Departamento de Antioquia para invalidar el acuerdo municipal también están la necesidad de concurrencia de otras autoridades en la decisión y la obligación de realizar un proceso de participación y concertación para delimitar los usos del suelo.
El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la invalidez del Acuerdo Municipal 13 de 2017, por medio del cual se prohíbe la minería metálica en Tarso, ubicado en el Suroeste antioqueño, zona que cuenta con una fuerte resistencia a esta actividad económica en diferentes municipios como Jericó, Támesis, Urrao, Caicedo, Titiribí y Betulia.
Según el Tribunal en el fallo emitido este 31 de enero, la iniciativa del concejo de Tarso no tiene validez, pues no es competencia de una autoridad de orden municipal tomar determinaciones de este carácter sobre el uso del suelo.
El contencioso indicó que hubo extralimitaciones, ya que en la jerarquía del Sistema Nacional Ambiental los municipios están “en el último orden”.
Esta decisión se da luego de que el secretario General de la Gobernación de Antioquia le solicitara al Tribunal revisar el acuerdo municipal, como ha sucedido en otros casos similares como el de Urrao y Támesis, cuyos concejos prohibieron la minería y el Tribunal de Antioquia invalidó en su momento.
“El municipio tiene competencia para declarar las áreas protegidas, pero esta es concurrente con otras autoridades como las CAR, quienes delimitan dichas áreas; por ende, el concejo municipal carece de competencia para establecer la prohibición del desarrollo de actividades mineras al ser este un asunto que debe regular el legislador, como lo hizo en los artículos 31 a 38 del código de minas, al reglamentar las zonas reservadas, excluidas y restringidas para la minería”, se lee en el fallo.
Asimismo, se indica que entre las razones expuestas por el Departamento de Antioquia para invalidar el acuerdo municipal también están la necesidad de concurrencia de otras autoridades en la decisión y la obligación de realizar un proceso de participación y concertación para delimitar los usos del suelo.
En el fallo también se ordena comunicar la decisión al alcalde y al presidente del concejo de Tarso, quienes una vez sean notificados se pronunciarán al respecto.