Río de Janeiro, 18 mar – El aumento de investigaciones penales a críticos de Jair Bolsonaro, abiertas bajo pedido del propio Gobierno del líder ultraderechista o de sus allegados, prende de nuevo las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que ven en las acciones censura y persecución en Brasil.
A finales de enero se sabía de al menos cuatro casos pero dos meses después se conoce que más de una decena de personas, entre periodistas, abogados, escritores y artistas, están bajo la lupa de las autoridades.
Su delito fue expresar sin tapujos su pensar sobre Bolsonaro o su Gobierno y especialmente sobre su gestión frente a la pandemia del coronavirus, que ya deja unos 285.000 muertos y 11,6 millones de contagios en el país.
El mandatario brasileño es uno de los pocos líderes negacionistas de la covid, a la que ha calificado de «gripita» y en vez de promover el aislamiento social y el uso de tapabocas, incentiva a los brasileños a salir a las calles y no tiene reparo en participar en actos públicos aglutinados y sin protección.
Estas investigaciones levantan especial interés de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ya que buena parte de ellas fueron solicitadas por el Ministerio de Justicia a la Policía Federal con base en una ley de 1983 creada durante la dictadura militar (1964-1985).
«Estamos observando con gran preocupación el aumento de personas críticas al Gobierno que están siendo investigadas por orden del Gobierno federal o a pedido de aliados de la Presidencia, casos en los que la Ley de Seguridad Nacional es citada para la apertura de investigaciones», aseguró a Efe Emmanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF).
De acuerdo con Colombié, «la Ley es vaga en sus conceptos», lo que abre paso a interpretaciones «arbitrarias» que le otorgan el carácter de delito a las expresiones críticas al presidente, por lo que la norma se convierte en una «herramienta de intimidación y censura política» y una amenaza a la libertad de información y la democracia brasileña.
El uso abusivo de la citada Ley ya había sido denunciado por Human Right Watch (HRW) en enero pasado cuando señaló que por lo menos cuatro personas estaban bajo investigación penal con base en esa norma por haber criticado al Gobierno desde junio de 2020.
La organización sostiene que este tipo de leyes penales es incompatible con la obligación de proteger la libertad de expresión, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, por lo que el Congreso debería abolirlas o adaptarlas.
«Pediríamos al Congreso que adapte las leyes de Brasil a los estándares de derechos humanos y que revoque los artículos dentro de la Ley de Seguridad Nacional que claramente violan la libertad de expresión y que no son aceptables en una democracia», aseguró a Efe César Muñoz, investigador de Human Right Watch (HRW).
Entre los investigados por esta ley están el caricaturista Renato Aroeira, por publicar una imagen donde Bolsonaro convierte una cruz roja en una esvástica, y el periodista Ricardo Noblat, por compartirla en las redes.
La imagen hacía alusión a la invitación que hizo el mandatario para invadir hospitales y verificar si realmente estaban copados de gente infectada por la covid.
Asimismo, son investigadas dos personas por pagar e instalar un aviso gigante en la ciudad de Palmas (Tocantins) con la imagen de Bolsonaro y la frase «Nao vale um pequí roído. Impeachment já» (No vale nada, juicio político ya!).
PERSECUCIÓN TAMBIÉN SE EXTENDIÓ AL MAYOR INFLUENCER BRASILEÑO
Uno de los casos más recientes es el de Felipe Neto, el popular influencer brasileño, con más de 52 millones de seguidores en redes sociales, que ya en otras oportunidades ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios contra el líder ultraderechista y por opiniones contra Donald Trump.
El joven de 32 años, reconocido por la revista Time como uno de las 100 personas más influyentes del mundo, está bajo investigación penal por haber tildado de «genocida» al líder ultraderechista por su cuestionada gestión frente a la pandemia.
La investigación contra Neto fue solicitada a la Policía Civil por el concejal Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del mandatario brasileño, también basándose en la citada Ley.
Este jueves, la Justicia ordenó suspender de forma inmediata la investigación contra el influencer brasileño al reconocer la «flagrante ilegalidad» del proceso.
No es el primer caso que tumba la Justicia. También lo hizo con la investigación que el Ministerio de Justicia solicitó contra el periodista Hélio Schwartsman tras publicar en el diario Folha de Sao Paulo el artículo «Por qué hago fuerza para que Bolsonaro muera».
La situación vivida por Neto, quien además es comediante, empresario, escritor y filántropo, lo llevó a crear un grupo con reconocidos abogados para defender, gratuitamente, a quienes sean procesados por criticar a Bolsonaro.
Posiblemente ese grupo ya tenga su primer caso, pues este mismo jueves, con base en esa Ley, fueron detenidos en Brasilia, la capital del país, cuatro militantes del opositor Partido de los Trabajdores (PT), que querían marchar con una pancarta que decía «Bolsonaro genocida».
