En un comunicado, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) en su calidad de organización defensora de derechos humanos que acompaña procesos de víctimas reclamantes de tierras en Urabá y Bajo Atrato, rechazó el ataque en el que murieron ocho policías este 11 de abril en la vereda El Tomate de San Pedro de Urabá.
Los agentes acompañaban a una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que se encargaría de adelantar un proceso de restitución de tierras y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en la región.
La comisión de la URT estaba compuesta por un juez de restitución de tierras, dos escoltas y un abogado, quienes recibían el acompañamiento de la Policía.
“De 2008 a la fecha han sido asesinados en la región 21 reclamantes de tierras. Además, esta no es la primera vez que ocurren ataques armados en este tipo de diligencias”, detalló el IPC en el comunicado.
Recordó esa organización que en un informe de rendición de cuentas de la URT del año 2013, se advirtió que las principales dificultades en la zona norte de Urabá, para avanzar con la restitución, eran “presencia y hegemonía de varios grupos armados, alto grado de necesidades básicas insatisfechas, falta de vías acceso, víctimas reclamantes amenazadas y baja presencia institucional que garantice el retorno en condiciones dignas y seguras”.
Preocupa al IPC que en la actualidad las condiciones para el proceso de devolución de predios no han mejorado y que no sólo siguen faltando garantías para las instituciones y funcionarios encargados de la labor, sino principalmente para las familias campesinas reclamantes que de manera permanente están expuestos a las amenazas y agresiones de los grupos paramilitares y de los empresarios que se oponen a la restitución de tierras.
“Nuestra solidaridad con las familias campesinas reclamantes de tierras, con el equipo humano de la Unidad de Restitución de Tierras y con las familias de los ocho policías asesinados”, dice el comunicado en uno de sus apartes.
Finalmente, el IPC solicita al Gobierno que adelante todas las acciones que le corresponden, para que estas situaciones no vulneren la integridad de los funcionarios que adelantan las labores para materializar la restitución de tierras, y también que termine con el circulo de impunidad en el caso de los asesinatos, amenazas y nuevos desplazamientos forzados de familias de reclamantes que están siendo revictimizadas.
Listado de reclamantes asesinados desde 2008:
- Juan Agustín Jiménez Vertel – 20 de julio de 2008
- Alexander Gómez – 25 de julio de 2008
- Valdiris Padrón – julio de 2008
- Benigno Antonio Gil Valencia – 22 de noviembre de 2008
- Gualberto Hoyos – 14 de octubre de 2008
- Jaime Antonio Gaviria – 5 de diciembre de 2008
- Argénito Díaz – 14 de enero de 2010
- Albeiro Valdéz Martínez – 11 de mayo de 2010
- Hernándo Pérez Hoyos – 19 de septiembre de 2010
- David de Jesús Góez – 3 de marzo de 2011
- Alejandro Antonio Padilla Morelos – 17 de noviembre de 2011
- Leoncio Manuel Mendoza Mejía -26 de noviembre de 2011
- Manuel Ruíz – 24 de marzo de 2012
- Samir de Jesús Ruíz Gallo – 24 de marzo de 2012
- Reinaldo Domicó – 1 de enero de 2013
- Arlenis Reyes – 1 de agosto de 2013
- José Cartagena – 10 de enero de 2017
- Porfirio Jaramillo – 29 de enero de 2017
- Jesús Alberto Sánchez Correa – 19 de agosto de 2017
- Mario Castaño – 26 de noviembre de 2017
- Hernán Bedoya- 8 de diciembre de 2017