- A pesar de la aprobación de $319.000 millones de vigencias futuras para la intervención de 411 sedes, ninguna se ha entregado a satisfacción.
- 40 instituciones, que debieron ser intervenidas, se encuentran en estado crítico.
Medellín, enero 22 de 2024- Aunque se contaba con los recursos, la administración anterior dejó a las instituciones educativas públicas en graves condiciones de infraestructura. En Medellín no se ha entregado el mejoramiento de ninguna sede. En agosto de 2022, el Concejo aprobó $319.000 millones de vigencias futuras para 411 establecimientos educativos, de los cuales $182.000 millones eran para intervenir 223 instituciones en 2023 y $137.047 millones para 188 sedes en 2024.
“Infortunadamente, por mala planeación y clientelismo, no se han aprovechado esas vigencias futuras que el Concejo de Medellín entregó como un voto de confianza a la administración anterior para que resolviera los problemas de infraestructura. Nos están poniendo a tener planes de contingencia para que los niños puedan entrar a estudiar”, expresó el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño Aristizábal.
De las 223 sedes que debían ser intervenidas en 2023, 121 presentan retrasos en la ejecución de obras ―de estas, 40 están en riesgo para iniciar el año escolar―, 24 quedaron con procesos contractuales pendientes y cinco están suspendidas por falta de materiales y suministros. Además, 16 están en un limbo contractual por adiciones no culminadas el año pasado, dos no fueron contratadas, 46 avanzan según lo programado y nueve culminaron actividades en obra, pero no cuentan con recibo formal a satisfacción por parte de la Secretaría de Educación.
Aunque para la vigencia 2024 se tienen priorizados 175 establecimientos educativos, a la fecha 160 no cuentan con el diagnóstico ni el presupuesto que debió dar la EDU en la administración de Daniel Quintero. “Se evidencia la falta de rigor técnico por parte de los supervisores y de la interventoría. No podemos entregar ninguna institución educativa a la fecha”, precisó la gerente de la EDU, Luz Ángela González Gómez.
La mayoría de contratistas que ha incumplido con la intervención en instituciones educativas son de Bolívar, La Guajira, Córdoba y Atlántico. “Seguramente allá habrá gente muy buena, pero son, precisamente, estos contratistas los que han dejado obras tiradas, que no han avanzado y nos tienen en riesgo”, añadió el secretario.
La anterior administración, entre los términos acordados con los contratistas, definió que el incumplimiento en la entrega de documentos acarreaba una multa de $400.000 por día de retraso y en el caso de los atrasos en la ejecución para un contrato de $4.000 millones, la sanción es $4 millones. La EDU, en la administración pasada, no aplicó dichos descuentos.
La Alcaldía de Medellín se compromete a garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas y mejoradas a todos sus niños, niñas y adolescentes, y a entregar planes de contingencia en las instituciones educativas que por estas condiciones no pueden ofrecer la prestación del servicio de manera óptima.
