Jerusalén, 22 de noviembre de 2024.- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, suprimió este viernes la detención administrativa, que se puede prolongar meses e incluso años sin cargos ni juicio, para colonos de Cisjordania ocupada, mientras que la fórmula de ampliamente utilizada desde hace años con los palestinos.
«En una realidad en la que los asentamientos judíos en Judea y Samaria (término bíblico para Cisjordania) está sujeto a graves amenazas de terroristas palestinos y se toman sanciones internacionales injustificadas contra los colonos, no es apropiado que el Estado de Israel adopte una medida tan severa contra la población de los asentamientos», indicó Katz en un comunicado.
En los últimos años, Israel puso bajo detención administrativa a algunos judíos extremistas que habían cometido serios actos de violencia e incluso asesinatos contra palestinos en Cisjordania, aunque en esos casos el lapso de tiempo hasta que se presentan cargos formales contra ellos es más corto.
Katz explica que esta semana se reunió con el jefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad israelí), Ronen Bar, y le comunicó su decisión de «detener el uso de las órdenes de detención administrativa contra los colonos judíos en Judea y Samaria», y le pidió que estableciera «herramientas alternativas».
Bajo detención administrativa, que se aplica únicamente en territorio ocupado, los individuos pueden permanecer detenidos sin cargos un máximo de seis meses, pero la fórmula puede renovarse indefinidamente mientras los fiscales militares pueden impedir a la defensa de los sospechosos el acceso a las pruebas contra ellos por motivos de seguridad.
Algunos palestinos han estado encarcelados más de dos años en detención administrativa, algo que nunca ha ocurrido a judíos. Los israelíes puestos en los últimos años bajo detención administrativa nunca ha superado la decena, mientras que en el caso de palestinos o árabes-israelíes la cifra supera el récord de los 1.100 desde la primavera de 2023.
Katz explica que «si hay sospechas de actos criminales, los autores pueden ser procesados, y si no, hay otras medidas preventivas que se pueden tomar además de las órdenes de detención administrativa», que se utiliza cuando las autoridades tienen información que vincula a un sospechoso con un delito pero no tienen pruebas suficientes para que los cargos se sostengan en un tribunal.
En ese momento, esta medida de excepción, ampliamente criticada por la comunidad internacional y que viola los derechos fundamentales, queda oficialmente restringida solo para usarse con palestinos, algo que en esencia ya ocurría en la práctica.
«Condeno cualquier fenómeno de violencia contra los palestinos y tomarse la ley con sus propias manos, y también apelo a los líderes de los asentamientos para que adopten una posición pública similar y expresen una posición inequívoca sobre el tema”, añade el ministro sobre la creciente violencia colona.
El ministro de Seguridad Nacional, el extremista y colono Itamar Ben Gvir, férreo defensor de la anexión de Cisjordania y la expulsión de los árabes, celebró la medida, que calificó como «una noticia importante y enorme».
«Es una corrección a muchos años de maltrato, e implica justicia para aquellos que aman la tierra», afirmó.
El también colono y ultranacionalista ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, apuntó que la decisión de Katz «elimina la discriminación de larga data contra colonos en Judea y Samaria y pone fin a la injusticia de tratarlos como ciudadanos de segunda clase a los que se les aplicaban medidas draconianas y antidemocráticas».
EFE