JEP comienza trámite de medida cautelar de protección a comparecientes en situación de riesgo

FECHA:

En cumplimiento del mandato constitucional de tratamiento simétrico y equilibrado, y ante el incremento de los hechos de violencia que han cobrado la vida de más de 193 exmiembros de las extintas Farc-EP y de las amenazas contra por los menos dieciséis (16) integrantes de la fuerza pública, quienes han rendido sus versiones voluntarias en el marco del caso 003 (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avocó de oficio el trámite de medidas cautelares colectivas para proteger la vida y la integridad física de los comparecientes.

El trámite de esas medidas cautelares también busca emitir órdenes estructurales dirigidas a asegurar el derecho a la verdad plena y a la garantía de no repetición de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

La decisión, unánimemente adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, se fundamenta en situaciones fácticas reconocidas por organismos y entidades nacionales e internacionales comprometidas con la implementación y seguimiento del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc-EP el 24 de noviembre de 2016.

La Sección reconoce los valiosos esfuerzos realizados por las entidades encargadas de implementar medidas de protección y seguridad al respecto, pero verifica que los riesgos han alcanzado unos niveles extraordinarios, resultando imposible conjurarlos plenamente.

La decisión adoptada por la Sección constituye un complemento a las medidas cautelares individuales que en su momento profirió la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, en relación con algunos integrantes de las extintas Farc y de la fuerza pública. Esto quiere decir que el avocamiento de estas medidas cautelares, de naturaleza estructural, no impide la adopción futura de medidas de protección individuales.

El auto ordena, vincula y solicita información a distintas entidades estatales frente a la causa común de proteger la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres y hombres comparecientes ante la JEP y en pro de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas.

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