La falta de cifras reales no permiten hacer una radiografía del daño y los efectos que tuvo el reclutamiento ilícito y la vinculación a la guerra de niños, niñas y adolescentes.
Así lo expresó la Procuraduría General de la Nación ante la Jurisdicción Especial para la Paz en la entrega del informe “Infancia transgredida, niñas, niños y adolescentes en la guerra”. Según el Registro Único de Víctimas, 7.583 menores fueron vinculados ilegalmente a grupos armados al margen de la ley, cifra que no correspondería a la realidad por causa del subregistro.
El ente de control celebró que la Jurisdicción Especial para la Paz priorice los procesos relacionados con el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes, para que se conozca la verdad, haya justicia, reparación y no repetición para esta población víctima del conflicto armado.
El protocolo sobre la participación de los niños en los conflictos armados establece los 18 años como edad mínima para el reclutamiento obligatorio y exige a los estados que hagan todo lo posible para evitar que personas menores participen en las hostilidades.
Los derechos de los niños requieren una protección especial, para garantizar sus derechos a desarrollarse y ser educados en condiciones de paz y seguridad.
Los colombianos requieren saber en qué falló la institucionalidad, por qué el Estado no pudo evitar la espiral de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, y no hizo realidad el principio irrevocable de que los derechos de los menores constituyen un interés superior, agregó la Procuraduría.
La entrega del informe coincidió con el Día de las manos rojas, que conmemora la firma del protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados.