La Juridiscción Especial para la Paz (JEP) de Colombia decretó este jueves medidas cautelares para un cementerio del municipio de Aguachica, en el departamento caribeño del Cesar, donde puede haber cuerpos no identificados por hechos relacionados con el conflicto armado.
Así lo señaló el alto tribunal en un comunicado, en el que explicó que su Sección de Ausencia de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad decretó las medidas por 90 días para «evitar la pérdida parcial o total de cuerpos de personas no identificadas».
Igualmente «ordenó la suspensión de actividades de exhumación y traslado de cuerpos existentes» en el Cementerio de los Pobres.
Esto porque encontró «irregularidades en el proceso de exhumación de cuerpos del cementerio de los Pobres para su traslado al cementerio Católico Central de Aguachica, proceso que se adelantaba en cumplimiento de un fallo de tutela que protegía los derechos de propiedad sobre el terreno de la finca Los Mangos, en donde se había construido irregularmente el Cementerio de los Pobres».
Y es que el alto tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, señaló que los cuerpos hallados en el Cementerio de los Pobres son más de 200, entre ellos 28 que estaban sin identificar y que son posibles víctimas «del delito de desaparición forzada debido al conflicto armado».
La JEP manifestó además que el traslado de los cuerpos se estaba haciendo «sin el rigor técnico necesario para ese tipo de operaciones, lo que llevó a la Sección a decretar las medidas con mayor urgencia».
«La Sección ordenó la práctica de diligencias de verificación para que funcionarios de policía judicial de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP recolecten información sobre la existencia de cuerpos no identificados, presumiblemente ubicados en el cementerio de los Pobres», apostilló el tribunal.
PROTECCIÓN DE FOSAS COMUNES
Las medidas fueron tomadas además tras una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que busca «proteger, conservar y preservar 17 lugares en todo el país y en donde pueden existir cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada en razón del conflicto armado».
En Dabeiba, situada en el departamento de Antioquia, en límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, fueron exhumadas en febrero pasado 54 cuerpos de una fosa del cementerio donde la JEP dijo en diciembre que podría haber más 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como falsos positivos.
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, la JEP ha recibido información de 2.200 casos que, por el momento, se encargará de juzgar.
EFE
