Judicialización en Cali por ejercicio ilegal de la veterinaria: Se hacen pasar por profesionales

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Foto de la Fiscalía General de la Nación, FGN

CALI, VALLE DEL CAUCA (10 MAR 2024) – La Fiscalía General de la Nación, en una operación coordinada con Protección Animal de Cali y la Policía Nacional, ha logrado la judicialización de un individuo acusado de ejercer ilegalmente la medicina veterinaria en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Miguel Ángel Parrado Amado, el acusado, enfrenta cargos por utilizar certificados y documentos falsificados para simular una cualificación profesional que no posee.

La detención se produjo tras la recepción de una denuncia ciudadana, que llevó a las autoridades a realizar una inspección en una clínica veterinaria el pasado 5 de marzo. Durante la diligencia, se descubrió que Parrado, haciéndose pasar por veterinario, utilizaba credenciales y certificados pertenecientes a terceros debidamente acreditados por el Consejo de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia para ejercer la profesión.

El operativo no solo desenmascaró la falsedad de las credenciales de Parrado sino que también permitió el rescate de tres perros y dos gatos en condiciones preocupantes. Uno de los gatos, en particular, fue encontrado en un estado crítico de salud, con evidencias de haber sido sometido a una cirugía inapropiada, y fue trasladado inmediatamente al Centro de Bienestar Animal de Cali para recibir la atención especializada necesaria.

Miguel Ángel Parrado Amado ahora enfrenta cargos por falsedad en documento público, mientras la Fiscalía continúa investigando para determinar su posible implicación en casos de maltrato animal.

A.U.


La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.