VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (22 FEB 2024) – La Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo la judicialización de dos hombres acusados de ejercer violencia física, psicológica, verbal y sexual contra sus compañeras sentimentales en incidentes separados en Cali y El Cerrito, Valle del Cauca. Este paso representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en la región.
En Cali, Duván Estiven Guevara Meza, de 26 años, fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, tras presuntamente agredir a su pareja sentimental en dos ocasiones durante el pasado mes de enero. La Fiscalía ha actuado de manera decisiva al presentar cargos contra Guevara Meza, destacando la gravedad de sus acciones.
Por otro lado, en El Cerrito, Pablo Esteban Sánchez Arango, de 24 años, enfrenta cargos por acceso carnal violento y violencia intrafamiliar. Se alega que Sánchez Arango no solo agredió físicamente a su excompañera sentimental sino que también la sometió a abuso sexual. Esta conducta abominable ha llevado a su judicialización, marcando otro caso de intolerancia hacia la violencia de género por parte de las autoridades.
Las capturas de Guevara Meza y Sánchez Arango fueron efectuadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional el pasado 19 de febrero en Cali y El Cerrito, respectivamente. Los jueces de control de garantías, al evaluar las evidencias presentadas por la Fiscalía, acordaron que ambos hombres deben permanecer en centros carcelarios mientras avanza su proceso judicial.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
