En el sector de Corferias, en el centro de Bogotá, funcionó durante varios años una estación de servicio que supuestamente adquiría y vendía combustibles por debajo de los valores establecidos.
En las verificaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se constató que los administradores y representantes del establecimiento comercial tenían vencidos los permisos oficiales para vender hidrocarburos y, al parecer, sostenían nexos con organizaciones delincuenciales dedicadas a desviar combustibles de la estatal petrolera Ecopetrol.
Ante las evidencias de un presunto comportamiento ilegal, fueron capturadas ocho personas que estarían vinculadas al funcionamiento de la estación de servicio. La Fiscalía presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputó diferentes delitos según su nivel de participación en los hechos.
Los investigados son:
*Raúl Ernesto Silva Higuera, supuesto cabecilla de la red y arrendatario de la estación de servicio. Fue imputado por concierto para delinquir, receptación de hidrocarburos y cohecho por dar u ofrecer.
*William Rodríguez Zamora, dueño de la estación de servicio. La Fiscalía le formuló cargos por concierto para delinquir, receptación de hidrocarburos y cohecho por dar u ofrecer.
*Adriana Sora Pinzón, administradora de la estación de servicio. Imputada por receptación de hidrocarburos y cohecho por dar u ofrecer.
*John Eduardo Sora Rincón, imputado por receptación de hidrocarburos, cohecho por dar u ofrecer y favorecimiento.
*Clara Mireya Silva Higuera, hermana del arrendatario de la estación de servicio;
*Raúl Andrés Silva Zambrano, hijo del señalado cabecilla de la red;
*Róbinson Agudelo Valderrama y Christian Camilo Acosta Chávez, procesados por receptación de hidrocarburos.
Por disposición de la juez de control de garantías, Raúl Andrés Silva Higuera fue enviado a centro carcelario; mientras que Adriana Sora Pinzón y William Rodríguez Zamora recibieron detención domiciliaria. Los demás investigados fueron cobijados con medidas no privativas de la libertad.
Evidencias
El material probatorio recopilado indicaría que la estación de servicio funcionaba aparentemente con los papeles en regla; sin embargo, no tenía activo el código SICOM (Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía), requisito indispensable para comprar de manera legal combustibles a un distribuidor mayorista autorizado por Ecopetrol. Los registros indican que el citado código había sido suspendido por deudas, sanciones por adquirir gasolina a diferentes distribuidores, entre otras supuestas anomalías.
Los peritos especializados en hidrocarburos dictaminaron que la gasolina y el ACMP que se vendía en la estación de servicio del sector de Galerías, era refinada por Ecopetrol pero no tendría la marcación específica que la estatal realiza al combustible entregado a cada una de las compañías mayoristas que lo comercializan en el país. Es decir, que su origen podría ser producto de la desviación ilícita.
En varias diligencias de registro realizadas en 2017 y 2018 fueron incautados algo más de 3 mil galones de gasolina roja y ACPM en la estación de servicio, y 600 galones de combustible en un parqueadero. Algunos de los presuntos integrantes de la red ilegal habrían ofrecido dinero a los funcionarios judiciales y de la Policía Nacional para que no continuaran con los procedimientos y así evitar el cierre del establecimiento comercial.
