La víctima fue atacada a tiros en el barrio 24 de mayo de Cereté
Cereté, Córdoba. 06 de Agosto de 2025. –La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego contra Jhonatan Javier Durango López, alias El Monito, presunto responsable del asesinato de un comerciante ocurrido en este municipio del departamento de Córdoba.
Según la investigación adelantada por una fiscal URI, los hechos se registraron el pasado 7 de agosto de 2024 en la vía pública del barrio 24 de mayo. De acuerdo con los testimonios recopilados, Durango López habría disparado contra la víctima desde una motocicleta, causándole heridas que le provocaron la muerte. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, ingresó sin signos vitales.
Las labores investigativas incluyeron entrevistas a testigos presenciales, quienes identificaron al procesado como uno de los autores del ataque armado. Esto permitió vincularlo formalmente a la acción sicarial que terminó con la vida del comerciante.
Alias El Monito ya se encuentra privado de la libertad por su presunta participación en otros hechos delictivos, entre ellos, al menos tres homicidios adicionales registrados en Cereté. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Con esta judicialización, las autoridades avanzan en el esclarecimiento de crímenes que han golpeado la tranquilidad de esta zona del departamento. La Fiscalía reiteró su compromiso con la investigación de homicidios y la lucha frontal contra estructuras criminales que operan en Córdoba.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.