Fiscalía imputó a ocho personas involucradas en millonarios actos de corrupción en la UNGRD
Bogotá, Cundinamarca. 02 de Julio de 2025. –La Fiscalía General de la Nación judicializó al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, junto a otras siete personas, por su posible participación en una red que direccionó contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según el medio de la FGN. Según la investigación, Manrique gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo. A cambio, solicitó que los contratos derivados se asignaran según sus intereses, exigiendo una coima del 7%.
Entre los contratos cuestionados está la adquisición de 40 carrotanques, el suministro de plantas desalinizadoras y la construcción de pozos de agua potable. También se incluyeron interventorías y servicios de topografía a nivel nacional.
El contrato más significativo, por 29.000 millones de pesos, fue adjudicado a la Corporación Mixta Yapurutú para dotar con carrotanques a comunidades indígenas de La Guajira. La Fiscalía identificó sobrecostos por 13.164 millones de pesos. De ese dinero, Manrique habría recibido 3.000 millones, mientras que Riveros Rey obtuvo 2.060 millones y los directivos de Yapurutú 6.380 millones.
Las otras personas implicadas son: el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, los directivos de Yapurutú Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, el asesor Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Romero Hernández y Cárdenas modificaron las condiciones jurídicas y técnicas de los contratos para beneficiar a los contratistas seleccionados. Además, entregaron información confidencial y avalaron decisiones previamente definidas.
Durante la ejecución del contrato, Echeverri y Estupiñán falsificaron documentos y solicitaron desembolsos sin haber entregado los vehículos. Parte del dinero llegó a la cuenta de Ana María Riveros, quien retiró 3.000 millones en efectivo y los entregó a Luis Carlos Barreto. Este, a su vez, los hizo llegar a Manrique por medio del asesor Aristizábal.
Los imputados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, lavado de activos, falsedad documental y celebración indebida de contratos. Ninguno aceptó los cargos.
Este caso pone en evidencia cómo estructuras corruptas han desviado recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables, afectando directamente a comunidades indígenas y comprometiendo la transparencia institucional.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.