Jimmy Alexander Ruiz Vázquez, mientras ejerció en encargo en 2009, habría direccionado la contratación en favor de una corporación sin ánimo de lucro que no cumplía los requerimientos legales.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
VICHADA, COLOMBIA (10 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación presentó ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá al exgobernador de Vichada, Jimmy Alexander Ruiz Vázquez, imputado por presuntas irregularidades en la contratación de programas destinados a la infancia, adolescencia y mujeres gestantes en 2009. El exfuncionario, quien ejerció como gobernador en encargo ese año, enfrenta cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, delito que no fue aceptado en la audiencia.
Los hechos imputados están relacionados con la firma de los convenios 102 y 138 de 2009, que superaron los 1.729 millones de pesos. Estos contratos buscaban desarrollar estrategias de atención alimentaria y de salud para poblaciones vulnerables en el departamento de Vichada. Según la investigación, dichos contratos fueron adjudicados a dos corporaciones sin ánimo de lucro que no cumplían con los requisitos legales ni demostraron tener la capacidad técnica y administrativa necesarias.
La Fiscalía señaló que no se realizaron los estudios de mercado requeridos ni los análisis de conveniencia previos, omitiendo verificar la idoneidad de las entidades contratadas. Además, los objetivos de los programas y los costos asociados no se definieron de manera adecuada. La Fiscalía sostiene que el entonces gobernador en encargo, Ruiz Vázquez, habría direccionado la contratación de manera arbitraria en favor de estas corporaciones.
El proceso continúa, y la Fiscalía seguirá presentando los elementos de prueba ante el Tribunal Superior de Bogotá para avanzar en la judicialización del exmandatario.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.