Valle del Cauca, Colombia, 5 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a cuatro hombres señalados de ejercer maltrato físico, verbal y psicológico contra integrantes de sus hogares en Guadalajara de Buga y Guacarí. Las víctimas en estos casos incluyen una adolescente, un padre de familia y dos mujeres.
Casos en Buga y Guacarí
Uno de los imputados es Walter Alonso Picón, de 45 años, capturado el pasado 16 de febrero en Buga. Se le atribuye el delito de violencia intrafamiliar agravada, ya que el 2 de febrero habría golpeado a su pareja sentimental, de 38 años.
En Guacarí, la Fiscalía judicializó a Julio César Anchico Zapata por el delito de violencia intrafamiliar en perjuicio de su propio padre, un adulto mayor de 64 años. Los hechos ocurrieron el 25 de febrero en una vivienda del barrio Aranjuez, donde el procesado, presuntamente, intimidó a la víctima con un arma cortopunzante.
En otros dos casos ocurridos en Buga, un padre de familia y Jerson Esneyder Gutiérrez Giraldo fueron procesados por violencia intrafamiliar y violencia intrafamiliar agravada, respectivamente.
Medidas judiciales
- Tres de los acusados fueron enviados a prisión, mientras avanza el proceso en su contra.
- Jerson Esneyder Gutiérrez Giraldo continúa vinculado al proceso, pero en libertad.
- Ninguno de los imputados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
La Fiscalía reiteró su compromiso en la lucha contra la violencia de género y el maltrato intrafamiliar, e hizo un llamado a las víctimas a denunciar este tipo de agresiones para garantizar su protección y acceso a la justicia.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.