Norte de Santander/Boyacá,Colombia, 13 de mayo de 2015.– La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en hechos registrados en Norte de Santander y Boyacá.
Primer caso: captura en Cúcuta
Alexis Romario Beltrán Calderón fue capturado en flagrancia por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Policía Nacional, durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en la vía pública del barrio Bajo Pamplonita de Cúcuta.
Según las indagaciones, Beltrán Calderón presuntamente utilizaba su residencia como centro de distribución de sustancias ilícitas en la comuna 6 de la ciudad, empleando como fachada un restaurante. Durante la operación se encontraron dosis de marihuana y cocaína, además de dos teléfonos celulares.
Segundo caso: captura en carretera
En otro procedimiento, en la vía entre Arcabuco y Tunja (Boyacá), la Policía Nacional detuvo a Israel Ortiz Pérez durante una verificación de antecedentes en un bus de transporte público.
Las investigaciones señalan que Ortiz Pérez habría huido en 2018 luego de ser sorprendido en zona rural de Tibú (Norte de Santander) transportando más de 22 kilos de cocaína. En ese momento, la captura inicial no se concretó debido a que los uniformados fueron atacados.
Situación judicial de los procesados
Ambos hombres fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario. Ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos investigados.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.