La Fiscalía logró establecer que habrían recibido rentas ilícitas cercanas a los 8 millones de pesos por la venta del lubricante quemado.

Fiscalía General de la Nación,
FGN

NEIVA, COLOMBIA. (9 DIC 2024) – Dos personas señaladas de fabricar y comercializar aceite automotriz reutilizado fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación. La investigación reveló que habrían recibido rentas ilícitas cercanas a los 8 millones de pesos por la venta de este producto adulterado.

Operación ilegal

Los procesados, identificados como Fabián Fernando L. G. y Carolina S. B., son acusados de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedad vegetal, además de falsedad marcaria.

Según la investigación, desde noviembre de 2023, los señalados utilizaban una empresa de su propiedad para procesar aceite automotriz usado en un inmueble de Neiva. En el lugar, los aceites quemados eran mezclados con sustancias de menor calidad y reenvasados como productos nuevos, utilizando envases, tapas y etiquetas falsificadas de marcas reconocidas.

Captura y elementos incautados

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, realizó diligencias de registro y allanamiento en inmuebles ubicados en los barrios El Centro y El Altico de Neiva, donde fueron capturados los implicados.

Durante los operativos, se incautaron:

  • 340 tarros de aceite y 450 tapas de diferentes referencias.
  • 4 canecas con aceite quemado y otras sustancias utilizadas en la mezcla.
  • Herramientas como máquinas termoselladoras, embotelladoras, etiquetas falsificadas, pistolas de silicona y filtros.
  • Documentos y facturas que podrían ser clave en la investigación.

Medida de aseguramiento

Durante las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento domiciliaria a los investigados. Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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