Los procesados son la madre del menor de edad y el padrastro, quienes habrían ejercido un ciclo de violencia contra él.
Huila, Colombia, 21 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer y un hombre por su presunta responsabilidad en el homicidio y tortura de un menor de dos años, en hechos ocurridos el pasado 13 de marzo en una vivienda ubicada en el barrio Eduardo Santos, en Neiva.
Según el material probatorio recaudado por el ente acusador, una vecina alertó sobre la situación tras escuchar gritos provenientes del inmueble. Al ingresar, encontró al niño en estado crítico y lo trasladó a un centro asistencial, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.
Las investigaciones determinaron que las únicas personas presentes al momento del hallazgo del menor eran su madre y el padrastro, quienes informaron al personal médico que el niño presentaba supuestos problemas estomacales. Sin embargo, el dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal desmintió esa versión, al establecer que la causa de la muerte fue un trauma contundente en el abdomen, acompañado de señales de tortura en diferentes partes del cuerpo.
La Fiscalía logró constatar que el menor venía siendo víctima de violencia desde diciembre de 2024, lo que constituye un patrón sistemático de maltrato infantil. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Huila imputó a los procesados los delitos de homicidio agravado y tortura.
Ambos fueron capturados el 19 de marzo por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, mientras se encontraban en vía pública del barrio San Vicente de Paul, en Neiva. Aunque no aceptaron los cargos, la juez del caso ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los dos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.