Judicializados tres presuntos responsables de la tortura y asesinato de un menor en Cartagena

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A los procesados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tortura y hurto calificado, todos agravados. | Foto de la Fiscalía General de la Nación, FGN

CARTAGENA, COLOMBIA, (13 SEP 2024) – La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas involucradas en la tortura y muerte de un menor de 17 años en Cartagena. Los procesados, Milena Patricia Zúñiga Pazo (alias La Flaca), Jesús David Montero Bravo (alias El Negrito), y José Sebastián Ospino Chamorro (alias Gordo Chang), enfrentan cargos por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tortura y hurto calificado, todos agravados.

Los hechos ocurrieron el 1 de agosto de 2023 en la zona de Brisas de Libertad, en el barrio Puertas de Hierro de Cartagena, cuando las víctimas fueron atacadas con armas cortocontundentes. El menor fue brutalmente asesinado y desmembrado, mientras que una persona que lo acompañaba resultó herida.

Investigaciones realizadas por la Policía Judicial revelan que, antes del crimen, las víctimas fueron torturadas y obligadas a transferir 870.000 pesos a cuentas bancarias, además de entregar sus celulares y motocicletas. El crimen habría sido ordenado desde la cárcel San Sebastián Ternera por José Carlos Correa Meza (alias El Chapu) y René de Arcos Díaz, quienes están siendo procesados por estos mismos hechos.

Por disposición judicial, alias El Negrito y alias Gordo Chang cumplirán la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, mientras que alias La Flaca continuará su proceso en libertad.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.