Al acoger la solicitud de la Fiscalía General, el Juez 18 Penal con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario en contra de 8 presuntos integrantes de la banda Taxi Hachís, señalados del tráfico de estupefacientes en dos comunas de Cali (Valle).
La Fiscalía les imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación, y porte de estupefacientes, en calidad de coautores, cargos a los que ninguno de los asegurados se allanó.
Los cobijados con la medida judicial son: Marino Tombé Ul; Brigitte Betancourt Ul; Eliberto Roger Bolaños Belalcázar; Margot Belalcázar Durán; Amparo Otálora morales; Diana Carolina Henao Otalora; Francisco Alejandro Ortega Diosa; y Jorge Enrique Cobo Barona.
La captura y judicialización de estas personas se logró en el marco de la estrategia de seguridad ciudadana emprendida en Cali contra el crimen organizado, bajo la dirección del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Los ocho presuntos de la organización criminal, según las investigaciones del ente acusador, supuestamente traficaban con droga y estupefacientes que traían del municipio de Caloto, Cauca, para almacenarlos y distribuirlos en zonas comunitarias, parques recreativos, escuelas, y colegios de las comunas 5 y 16 de la capital del Valle.
Mediante la modalidad de narcomenudeo, la banda Taxi Hachís comercializaba marihuana tipo Cripy, hachís líquido y cocaína, que era entregada en pequeñas dosis envueltas en bolsas plásticas.
A través interceptaciones de teléfonos celulares, avaladas por autoridad competente, seguimientos, individualizaciones e identificación de cada uno de sus miembros, servidores del CTI, con apoyo de unidades del Ejército Nacional, capturaron a los 8 asegurados en igual número de diligencias de registro y allanamiento de viviendas en los sectores oriente y norte de Cali y zona rural de Caloto, Cauca.
Se solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico de los judicializados para garantizar que estén en buenas condiciones para su traslado al lugar de reclusión.
