La víctima habría sido torturada y desmembrada, posteriormente algunas partes de su cuerpo fueron abandonadas en vía pública dentro de una nevera de icopor.
Norte de Santander, Colombia, 11 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de John Jairo Marín Velásquez y Brayan Smith García Agudelo, alias El Costeño o Samario, por su presunta responsabilidad en el asesinato, tortura y desmembramiento de un usuario de una fundación de rehabilitación en Cúcuta.
Un crimen atroz en una fundación de rehabilitación
Los hechos ocurrieron entre el 23 y 24 de febrero de 2025, cuando la víctima, quien había llegado desde Bogotá con Marín Velásquez para continuar su tratamiento, fue presuntamente drogada, esposada y torturada por los dos trabajadores de la fundación.
Según la investigación, los agresores buscaban que la víctima confesara el paradero de un dinero destinado a la adecuación de la sede. Al no obtener respuestas, lo golpearon y sometieron a tratos denigrantes hasta causarle la muerte.
Desmembramiento y hallazgo del cuerpo
Tras el crimen, los señalados habrían desmembrado a la víctima y ocultado sus restos en una nevera de icopor, que fue abandonada en vía pública y descubierta por las autoridades el 27 de febrero.
Capturas y judicialización
Tras labores de policía judicial e investigación, se determinó la participación de los dos sospechosos, quienes fueron capturados durante un allanamiento en el barrio Pueblo Nuevo.
Una fiscal seccional les imputó los delitos de:
- Homicidio agravado.
- Tortura.
- Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Aunque no aceptaron los cargos, el juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.