El procesado se habría apropiado de más de 135 millones de pesos de los pensionados de la institución de educación superior.
Antioquia, Colombia, 11 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Alexander Builes Arroyave, exfuncionario de la Universidad de Antioquia, por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 135 millones de pesos, destinados al pago de pensiones en la institución.
Fraude con mesadas pensionales
Según la investigación de un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Medellín, entre agosto de 2021 y agosto de 2022, Builes Arroyave, quien trabajaba en la división de talento humano, habría utilizado su cargo para desviar recursos mediante la manipulación del Sistema de Gestión de Personal (SIPE) de la universidad.
Las pruebas indican que el exfuncionario creó una cuenta bancaria a nombre de su padre, quien nunca tuvo vínculo laboral con la institución, y en ella consignó altas sumas de dinero provenientes de pagos destinados a pensionados.
24 eventos delictivos detectados
El material probatorio señala que Builes Arroyave habría realizado al menos 24 maniobras fraudulentas, logrando sustraer fondos de pensionados activos o sustituyendo los nombres de fallecidos por el de su padre.
Las autoridades confirmaron que el progenitor del imputado no tenía conocimiento de estas acciones.
Imputación de cargos y negativa del procesado
En audiencia ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó los delitos de:
- Peculado por apropiación.
- Acceso abusivo a un sistema informático.
Sin embargo, Builes Arroyave no aceptó los cargos.
Con esta investigación, la Fiscalía reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción y el desfalco de recursos públicos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.