La investigación da cuenta de que no se realizaron los estudios previos de rigor ni se surtió un proceso estricto de selección con el propósito de favorecer a un contratista específico. Además, fueron autorizados anticipos sin justificación, y al final las obras no se ejecutaron.
San Andrés, Colombia, 22 febrero de 2025.- La Fiscalía General de la Nación judicializó al exsecretario de Infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano Bowie, y a los contratistas Carlos Julio Ramírez James, Marco Tulio Solano Glenn y Ricardo José Cogollo Ponce, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación y ejecución del plan de mantenimiento y rehabilitación de vías en el archipiélago.
El contrato, suscrito en 2017 entre la gobernación del departamento y un consorcio conformado por varias empresas, estaba valorado en 2.112 millones de pesos. Según la investigación, en la fase previa de contratación no se realizaron los diseños ni estudios técnicos necesarios para establecer los costos de los materiales y de las obras, lo que vulneró principios de transparencia, planeación, responsabilidad y economía.
Además, se determinó que el oferente seleccionado no presentó la documentación completa ni acreditó la experiencia suficiente para ejecutar el contrato. A pesar de estas irregularidades, Lozano Bowie habría autorizado el desembolso de un anticipo de mil millones de pesos, dinero que, al parecer, fue utilizado para cubrir asuntos no previstos y que no se reflejaron en la ejecución de las obras.
A los procesados se les imputaron los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno de los cargos fue aceptado.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el destino de los recursos públicos y establecer responsabilidades definitivas.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.