CAQUETÁ, COLOMBIA, (26 AGO 2024) – La Fiscalía General de la Nación imputó a nueve personas por presuntos delitos ambientales cometidos en la región de Florencia, Caquetá. Ante un juez de control de garantías, una fiscal especializada presentó cargos contra los procesados por aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica, daños en los recursos naturales y ecocidio. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.
Las detenciones se realizaron durante cuatro diligencias de registro y allanamiento llevadas a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en varios puntos de Florencia. Los hechos investigados abarcan un período desde 2020 hasta 2023, tiempo en el cual los procesados, al parecer, talaron bosques, realizaron quemas e invadieron terrenos de propiedad privada en la vereda Caldas, una zona cercana a la cuenca hídrica del río Hacha.
La Fiscalía presentó pruebas que sugieren que estas actividades ilegales incluyeron la extracción de carbón vegetal, lo que habría causado un daño significativo a la fauna, flora y fuentes hídricas de esta reserva forestal. Los procesados son Armando Martínez Leguizamón, María del Rocío Ibáñez Morales, Elías Cano Capera, Sebastián Buitrón Delgado, Duverney Rojas Calderón, Albeiro Valenzuela Soto, Miguel Ángel Salguero Martínez, Abraham Hoyos Cardona y Nidia Estella Calderón.
Aunque las personas investigadas no aceptaron los cargos, deberán continuar compareciendo al proceso judicial en libertad mientras avanza la investigación.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.