El hombre implicado fingió ser abogado de la mujer para exigir $50 millones
Villavicencio, Meta. 09 de Julio de 2025. –La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medidas privativas de la libertad a dos personas por su presunta responsabilidad en un caso de extorsión agravada tentada.
Según el medio de la FGN. Los implicados son Orlando Cabra Álvarez y Alba Janet Tunjano Robayo, quienes, según la investigación, contactaron a un hombre con el fin de exigirle $50 millones de pesos. Aparentemente, Cabra Álvarez se presentó como abogado de Tunjano Robayo, afirmando que esta había sido víctima de un hecho en 1987, por lo que pretendían vincular a la supuesta víctima al proceso judicial si no accedía al pago exigido.
Tras la denuncia interpuesta por el ciudadano extorsionado, la Policía Nacional, en coordinación con el Grupo Gaula, organizó una entrega controlada del dinero. Durante el procedimiento, las autoridades capturaron a los dos procesados en vía pública del barrio Villa Mélida, en Villavicencio.
Un fiscal Gaula adscrito a la Seccional Meta imputó a los detenidos el delito de extorsión agravada tentada. Aunque ninguno aceptó los cargos, el juez avaló las pruebas presentadas y decidió imponer medida de aseguramiento intramural para Cabra Álvarez, mientras que Tunjano Robayo deberá permanecer en su lugar de residencia bajo medida domiciliaria.
Este caso subraya la efectividad de la denuncia ciudadana y la articulación entre Fiscalía y Policía para combatir la extorsión en el departamento del Meta.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.