Las acciones ilícitas les habrían permitido apropiarse de más de 100 millones de pesos.
Colombia, 23 de abril de 2025.- La Fiscalía General de la Nación judicializó a Carlos Eduardo Torres González por su presunta participación en una serie de hurtos cometidos mediante la modalidad de ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias, entre agosto de 2023 y junio de 2024, en al menos cinco departamentos de la región Caribe colombiana.
Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), adscrita a la Seccional Córdoba, imputó a Torres González los delitos de concierto para delinquir, obstaculización ilegítima al sistema informático o red de telecomunicaciones y hurto por medios informáticos y semejantes.
Según las investigaciones, el procesado haría parte de un grupo delincuencial conocido como Los Ilusionistas, dedicado a dañar cajeros automáticos y aprovecharse de usuarios, especialmente adultos mayores, a quienes ofrecían «ayuda» para luego intercambiar sus tarjetas y obtener acceso a sus cuentas. Con las tarjetas robadas, realizaban retiros, transferencias y compras no autorizadas.
La Fiscalía estableció que, a través de esta modalidad, la organización se habría apropiado de más de 100 millones de pesos. Entre las víctimas se encuentran un ciudadano de 60 años, a quien le hurtaron 19 millones, y un funcionario judicial, cuyas tarjetas fueron usadas en compras por valor de 17 millones.
Torres González fue capturado por la Policía Nacional en Barranquilla. Durante las audiencias preliminares, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Este caso hace parte de una investigación más amplia que ya ha permitido la judicialización de once presuntos miembros de la misma red criminal, todos vinculados a delitos contra el patrimonio económico y la seguridad informática.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.