Tres adolescentes fueron enviados a centros especializados por los hechos en Pitalito
Neiva, Huila. 09 de Julio de 2025. –La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas —entre ellas tres menores de edad— por su presunta participación en múltiples hechos de hurto registrados en los municipios de Neiva y Pitalito, en el departamento del Huila.
Según el medio de la FGN. Uno de los casos corresponde a Karen Alexandra Campos Trujillo y tres adolescentes, quienes habrían participado en una serie de atracos cometidos desde noviembre de 2024 en el barrio El Popular de Pitalito. Las víctimas eran principalmente estudiantes y personas que transitaban por el sector de la galería municipal.
Frente a estos hechos, un fiscal seccional presentó el escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado. Como resultado, la mujer fue enviada a un centro carcelario, mientras que los menores de edad quedaron bajo medida de internamiento preventivo en centros especializados.
En otro proceso, la Fiscalía imputó cargos a Jeferson Sain Campo Losada y Érika Viviana Laiseca Hurtado por su supuesta participación en un hurto ocurrido el 27 de junio de 2025, en el barrio Portal de Alambra de Neiva. Según la investigación, ambos habrían violentado una ventana para ingresar a un inmueble, de donde sustrajeron un computador con sus accesorios y un teléfono celular.
Los seis judicializados enfrentan cargos por hurto calificado y agravado, y las medidas de aseguramiento buscan prevenir la repetición de estos delitos mientras avanzan los procesos judiciales.
Con estas acciones, la Fiscalía reafirma su compromiso en la lucha contra el hurto y la protección del patrimonio de los ciudadanos en el Huila.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.