Deberá cumplir una pena de cinco años y ocho meses de prisión como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
Bogotá D.C, Colombia, 05 de abril de 2025.- Una juez penal especializada de Bogotá avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras valorar los argumentos jurídicos y las condiciones legales del mismo. La audiencia de lectura de sentencia fue fijada para el próximo 29 de abril.
En desarrollo del acuerdo, Pinilla Álvarez aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Como parte del compromiso judicial, el exfuncionario devolvió 618 millones de pesos, suma que correspondería a pagos recibidos por supuestas dádivas a cambio de direccionar contratos en la entidad.
Como resultado del preacuerdo, deberá cumplir una pena de cinco años y ocho meses de prisión, así como pagar una multa equivalente a 3.550,56 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La investigación, liderada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, evidenció que Pinilla Álvarez se habría concertado con otros funcionarios públicos y particulares para manipular procesos contractuales y órdenes de proveeduría de la UNGRD. Dichos contratos estaban dirigidos a la atención de emergencias en distintos departamentos del país, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.
La Fiscalía indicó que este caso se publica por razones de interés general y como parte de su política de transparencia en la lucha contra la corrupción.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.