El procesado habría pedido que dicha suma fuera entregada en dos contados y pactado un adelanto de 50 millones de pesos, suma que tenía en su poder al momento de la captura.
Fiscalía General de la Nación, FGN
BUCARAMANGA, COLOMBIA (1 ABR 2024) – En un impactante desarrollo que sacude al sistema judicial colombiano, Juan Carlos Campo Fernández, juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta, Norte de Santander, ha sido capturado bajo serias acusaciones de corrupción. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Gaula Militar, realizó la detención en Bucaramanga, Santander, tras un minucioso proceso de investigación que reveló la presunta exigencia del juez de 600 millones de pesos a cambio de direccionar un fallo favorable en un proceso de extinción de dominio.
La indagación destapó una serie de conversaciones telefónicas y encuentros presenciales entre Campo Fernández y un abogado, así como con un ciudadano directamente afectado por el proceso judicial en cuestión. Se alega que el juez solicitó la astronómica suma para dictar un veredicto que levantara las medidas cautelares impuestas sobre ciertos bienes, implicando un compromiso de pago de 50% al momento de presentar la solicitud y el resto tras emitirse el fallo.
Además, se acordó un adelanto de 50 millones de pesos, cantidad que sorprendentemente coincidía con el efectivo encontrado en posesión de Campo Fernández durante su arresto. El juez alegó que era necesario presentar una nueva petición de control de legalidad sobre los bienes para proceder con el fallo favorable, lo que añade una capa más de complejidad al ya turbio escenario.
Este escándalo pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial colombiano, destacando la urgente necesidad de reformas y medidas estrictas para erradicar la corrupción. Campo Fernández enfrenta cargos por concusión, negándose a aceptar la imputación y permaneciendo bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.