Colombia, 1 de septiembre de 2022- En 28 días, la Fiscalía General de la Nación esclareció la muerte de tres jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 18 y 26 años. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Chochó, Sucre, el pasado 25 de julio.
Ese día, los patrulleros Uber Guillermo Mieles Arroyo, Diana Marcela Puerta Rodríguez, Bernardo Pontón Mercado y Leila Carolina Ávila Pestana retuvieron en la vía que de Chochó conduce a Sincelejo, a José Carlos Arévalo Contreras, Jesús David Díaz Monterrosa y a Carlos Alberto Ibáñez Mercado.
Las víctimas fueron obligadas a tenderse en el suelo donde habrían sido golpeadas y heridas con armas contundentes y cortopunzantes por los policiales, quienes presumiblemente y sin fundamento alguno, responsabilizaron a los jóvenes de la muerte del patrullero Diego Felipe Ruíz Rincón, ocurrido minutos antes en Sampués (Sucre).
Luego de ser contactados por radio al lugar habrían arribado en dos camionetas oficiales; el teniente coronel Benjamín Darío Núñez, la subteniente María Camila Buriticá Valencia y los patrulleros Jesús María Bolaño Castro, Rafael Paz Barboza, Santiago Garavito Díaz, Yamit Alfonso Henao Araque y Álvaro Antonio Álvarez Ricardo.
Gracias al material probatorio recaudado, se demostró que las víctimas fueron obligadas a subir al platón de uno de los vehículos, en el que se subió el teniente coronel. La camioneta tomó la vía que conduce de La Palma hacia Sincelejo. En dicho trayecto, presumiblemente, el oficial accionó en varias oportunidades su arma de dotación contra Arévalo Contreras, Díaz Monterrosa e Ibáñez Mercado.
Uno de los uniformados, al parecer, intentó ocultar los orificios que quedaron en el vehículo, producto de los disparos que les causaron la muerte a los tres jóvenes. Con este tipo de acciones, los procesados habrían intentado ocultar la evidencia que estaba siendo recopilada por los investigadores del CTI que realizaban trabajos para esclarecer el hecho.
El patrullero Uber Guillermo Mieles Arroyo, presumiblemente, entregó información falsa en los reportes oficiales, para hacer creer que las víctimas presentaban heridas graves, presuntamente, causadas con anterioridad a ser detenidos.
Por estos hechos, los procesados fueron capturados el pasado 22 de agosto por servidores del CTI, con apoyo de la Policía Nacional.
De acuerdo con el grado de participación de los supuestos responsables del triple homicidio, la Fiscalía imputó delitos de homicidio agravado, tortura agravada, privación ilegal de la libertad; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios; favorecimiento y falsedad ideológica en documento público.
