Redacción Análisis Urbano
Hoy culminaron en aparente calma las elecciones de juntas de acción comunal (JAC) en Antioquia, permitiendo el nombramiento de las mesas directivas que tendrán la tarea de interlocutar con los representantes de las juntas administradoras locales, los concejos y, por ende, los alcaldes de sus respectivos municipios.
Solo en la ciudad de Medellín se eligieron no menos de 6000 dignatarios que estarán al frente de la dirección de este embrión de la democracia participativa en 433 JAC y 14 juntas de vivienda comunitaria que muestran nuevos y antiguos liderazgos comunitarios para los próximos años.
Sin embargo, al igual que hace cuatro años, sigue reinando la incertidumbre ya que ante el avance y la consolidación de las estructuras paramafiosas y las bandas que les sirven no se vio o se sintió que estas elecciones se hubieran blindado adecuadamente para evitar la infiltración criminal. Los riesgos de injerencia paramilitar siguen siendo iguales o mayores en Medellín, Bello, Barbosa, Itagüí, Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, entre otros municipios y subregiones.
Cabe recordar que para las elecciones de JAC del 29 de abril del año 2012, la ONG Corpades, emitió una alerta temprana en marzo que ponía en sobre aviso a la institucionalidad y a la ciudadanía en general ante el inminente riesgo electoral, ya que las bandas al servicio de las estructuras paramafiosas estarían tratando de incidir en las mencionadas elecciones con el objetivo de consolidar poder territorial, social, político, económico y de interlocución con la administración municipal y demás autoridades.
El año 2016, año de la paz en Colombia, es también el año en el que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Oficina del Valle del Aburrá, en lo que concierne al departamento de Antioquia y sin desconocer que lo harán en otros departamentos, trataran, en todas las formas posibles, de mostrar que tienen presencia territorial, base social y liderazgos que los avalan para seguir insistiendo en diálogos y negociaciones con el gobierno nacional. Igualmente, continuar la expansión y el fortalecimiento en las periferias y más allá de ellas en las zonas rurales que rodean los cascos urbanos. El Medellín metropolitano es un ejemplo de esa expansión y consolidación criminal.
Históricamente, en la capital antioqueña, su área metropolitana y otras subregiones de este departamento, uno de los más azotados por la violencia y donde dos de las estructuras paramafiosas más poderosas de Colombia hacen presencia, se ha sabido que los criminales han permeado no pocas organizaciones sociales y comunitarias que incluso ha llevado a la suspensión de juntas de acción comunal y la investigación a decenas de estas.
En el caso de Medellín, anteriormente las bandas paramilitarizadas imponían candidatos de ellos a los cargos de elección. Debido a lo evidente que esto era y a las continuas denuncias, optaron por ser más sigilosos. Hoy lo hacen a través de terceros (en cuerpo ajeno) o por liderazgos sociales que se muestran abiertamente como simpatizantes del crimen.
En la alerta temprana en vísperas de las elecciones de JAC del 2012, Corpades anunciaba que el 70 % de las juntas de acción comunal correrían el riesgo de ser permeadas por ellos en lo que concierne a Medellín y a otros municipios como Bello e Itagüí, entre otros.
Hoy terminan unas elecciones de JAC, pocos o casi nadie se han pronunciado sobre los riesgos que se ciernen sobre ellas y, obviamente, sobre lo urbano del Valle del Aburrá. Se espera que las nuevas alcaldías, la Policía y la Fiscalía hayan establecido los debidos controles que eviten que una vez más la democracia sufra una nueva fisura.
Lástima que nuestros mandatarios locales parecieran olvidar la historia criminal y violenta de la ciudad de Medellín y de otras del área metropolitana. ¿Será que no recuerdan que para las bandas paramilitarizadas y las estructuras paramafiosas es igual de importante el arma y la cédula? Con ambas consiguen y afianzan el poder real en la ciudad.
Finalmente, cabe hacer la salvedad de que a pesar de la fuerte injerencia criminal en ejercicios democráticos como las elecciones de JAC, JAL, concejos y, en el caso concreto del Presupuesto Participativo en Medellín, muchos liderazgos y organizaciones sociales y comunitarias luchan con ahínco para sacudirse de esa infiltración ilegal. Menos mal eso ocurre para que todo no este perdido y se pueda en algún momento iniciar la ruptura de lo criminal con lo social, de lo criminal con lo institucional, de lo criminal con la política, solo así la paz rural y la paz urbana serán una realidad tangible.
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