Tras el reconocimiento que Farc hizo sobre su participación en el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, en 1995, y la confesión que entregó puntualmente el congresista de Farc Carlos Antonio Lozada, quien dijo que fue el encargado de ejecutar la orden sobre ese crimen, el Gobierno le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que evalúe si los líderes de la exguerrilla que tienen curules deberían salir del Congreso.
El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que “ante la gravedad” de lo reconocido por Lozada, “la JEP debe tomar de inmediato una decisión respecto a la continuidad en el cargo del senador”. Ceballos le dijo al diario El Tiempo que el Gobierno le iba a solicitar a la JEP que evaluara “la compatibilidad del cargo de senador frente al reconocimiento que hizo”.
Y más tarde, el presidente Iván Duque señaló que quien se atribuya un crimen de lesa humanidad, y si eso se verifica, para no revictimizar debería tener “la actitud gallarda de salir de le representación política”.
Pero expertos consultados por el diario El Tiempo coincidieron en que, contrario a lo que afirma el Gobierno, el reconocimiento de verdad es lo que se les debe exigir a las Farc para seguir manteniendo los beneficios del acuerdo de paz, como su participación en política.
El exministro de Justicia Yesid Reyes señaló que lo que dice el acuerdo es justamente lo contrario a lo que está planteando el Gobierno Duque. Así, dijo, “la posibilidad de reincorporarse a la sociedad, lo que incluye la participación política y la asignación de unas curules en el Congreso, tiene como una de sus más importantes condiciones decir la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto”.
Por eso, agregó Reyes, decir la verdad no es un incumplimiento del acuerdo que merezca alguna clase de sanción, “sino, por el contrario, una forma de cumplirlo”.
El director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano Villamarín, aseguró que la solicitud del Alto Comisionado “carece de fundamento jurídico” porque no hay ninguna norma que disponga lo que él está planteando. “Tampoco hay en este momento ninguna imposibilidad para el ejercicio del cargo, como lo sería la privación de la libertad o una condena”, aseguró.
Además, dijo que Ceballos olvida que “uno de los grandes pilares de la negociación es la participación política para quien ha dejado las armas, lo que se ajusta a la justicia transicional que es restaurativa”. Y agregó que ese mandato de representación política se podrá ejercer “hasta tanto las sentencias judiciales dispongan privarlo de ese derecho”.
Y Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, dijo: “pareciera que el Comisionado de Paz no hubiera leído el acuerdo de paz: el deber de exguerrilleros es decir la verdad. No pueden perder los beneficios precisamente por decir la verdad, por dolorosa que sea esa verdad”.
El diario El Tiempo también habló, off the récord, con un magistrado de la Corte Constitucional, alto tribunal que en el 2017 avaló las leyes de participación en política para las Farc. El magistrado dijo que el reconocimiento que está haciendo Farc no da lugar para quitarle sus curules.
Ese fallo, que aprobó la suspensión de inhabilidades de los exFarc, dijo que ese beneficio estaba condicionado al cumplimiento de buena fe del acuerdo de paz, como decir la verdad. Solo hasta que la JEP en sus condenas determine sanciones (que podrían no ser privativas de la libertad, si hay reconocimiento), es cuando ella deberá evaluar la compatibilidad de dichas medidas con la participación política.
Tomado de El Tiempo
