Bogotá, 4 dic – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió este miércoles la amnistía al exintegrante del último secretariado de las extintas FARC Rodrigo Granda por el delito de rebelión en cinco procesos de la justicia ordinaria.
La JEP concede esta medida como parte del cumplimiento del acuerdo de paz de 2016, que permite que los exguerrilleros sean amnistiados de delitos políticos que tuvieran pendientes en la justicia.
«La Sala determinó que los elementos probatorios contra el compareciente en estas investigaciones estaban relacionados con los mandos que ocupó al interior de las FARC-EP», aludió esta justicia especial creada por el acuerdo de paz para juzgar al Estado, a la guerrilla y a terceros civiles de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado.
Además, la JEP también envió a la sala de definición de situaciones jurídicas dos procesos de Granda por el crimen de guerra de reclutamiento de menores y desaparición forzada de alguno de ellos, delitos en los que la JEP lo ha considerado «no máximo responsable».
Y por último, en el caso del asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, ocurrido en septiembre de 2004 y por el que la justicia de este país sudamericano señala directamente a Granda, la sala de amnistía se volvió a declarar sin competencia, por lo que no amnistió ese caso y le dejó a la Sección de Apelación que decida sobre ello.
A principios de este mismo año, un juez de Paraguay reiteró la solicitud de captura internacional con fines de extradición al país de Rodrigo Granda por supuestamente asesorar a la guerrilla paraguaya para ejecutar este crimen.
Cecilia Cubas, quien era la mayor de las dos hijas del expresidente Raúl Cubas (1998-1999) y de la ahora exsenadora Mirta Gusinky, fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 entre las localidades de Fernando de la Mora y San Lorenzo, cercanas a la capital paraguaya.
Su cuerpo sin vida fue hallado en la ciudad de Ñemby -también en el departamento Central-, el 16 de febrero de 2005, en una fosa cavada en una vivienda. Su familia había pagado 300.000 dólares por su liberación.
Por el caso fueron condenadas 21 personas, según datos publicados en 2023 por el diario Última Hora. Entre ellos simpatizantes del marxista Partido Patria Libre (PPL), considerado el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
EFE
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