Bogotá, 22 de septiembre de 2021.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este miércoles a seis personas que formaban parte del Conjunto Central de las extintas FARC, entre ellas la senadora Victoria Sandino, rendir su «versión voluntaria» dentro del caso sobre secuestros de la guerrilla en el conflicto, por el que ya han sido acusados los últimos ocho jefes del grupo.
«La Sala de Reconocimiento ordenará a seis (6) comparecientes pertenecientes al antiguo Comando Conjunto Central de las extintas FARC-EP comparecer a diligencia de versión voluntaria individual», se extrae del auto emitido por este órgano de la justicia surgido del acuerdo de paz.
Entre los seis comparecientes, que han sido convocados entre el 20 y el 22 de octubre por la JEP, se encuentra la ahora senadora por el partido Comunes (conformado por la miembros desmovilizados de la guerrilla) Victoria Sandino.
El caso sobre los secuestros de la guerrilla, denominado «Toma de rehenes y privaciones graves de la libertad», el primer macrocaso de la JEP, es uno de los dos casos en el que la jurisdicción ha emitido un auto acusatorio.
En un auto del pasado 28 de enero la JEP consideró que los ocho miembros del Secretariado de las FARC, máximo órgano de decisión de la guerrilla, tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron durante el conflicto armado, hechos que los exguerrilleros han aceptado y está pendiente que la Jurisdicción les imponga las sanciones que considere.
Sin embargo, y a pesar de que el Comando Conjunto Central al que pertenecen estos seis ex altos mandos ya ha dado versión conjunta que ha «permitido obtener respuesta a gran parte de las demandas de verdad de las víctimas», la JEP considera ahora que estos comparecientes cuentan «con información relevante a partir del mando, de los roles que desempeñaron y de sus trayectorias».
El 4 de julio de 2018 la JEP, que no juzga casos individuales, abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado relacionado con «el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012», en el que tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.
En el auto del caso 01 la JEP determinó que los secuestros no fueron errores de los excombatientes en la guerra o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, «sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad».
