Roma, 3 de mayo de 2022.- El presidente de la ONG italiana Baobab Experience, Andrea Costa, ha sido absuelto hoy por un Tribunal de Roma, después de que la Fiscalía pidiese una pena de hasta 18 años de cárcel por pagar el billete de autobús a nueve inmigrantes para que pudieran viajar desde la capital hasta Génova (noroeste).
Costa y dos voluntarios de esta asociación, que da asistencia legal y material a inmigrantes y refugiados, habían sido acusados de «favorecer la inmigración irregular», un delito por el que se enfrentaban a entre 6 y 18 años de cárcel.
«Esto es lo que prevé nuestro ordenamiento jurídico, que por un horrible relato de favorecer la inmigración clandestina, no hace ninguna distinción entre traficantes de seres humanos y simples voluntarios solidarios», explicó a Efe la portavoz de la ONG Alice Basiglini.
El Tribunal ha absuelto y retirado los cargos a los tres voluntarios que estaban acusados de haber intentado que un grupo de nueve inmigrantes cruzase de forma ilegal la frontera con Francia, algo que nunca sucedió porque fueron interceptados por la policía.
Los hechos se remontan a 2016, cuando Costa y una voluntaria recaudaron 250 euros para pagar el autobús a 9 inmigrantes, 8 de origen sudanés y uno chadiano, para viajar hasta uno de los principales centros de la Cruz Roja, el de Ventimiglia, un municipio italiano situado cerca de la frontera con Francia, junto a otra voluntaria de la ONG.
La absolución fue celebrada a las afueras del tribunal de Roma, donde cerca de un centenar de voluntarios se habían reunido con pancartas en solidaridad con el presidente de la ONG.
«Lo volvería a hacer todo, seguiremos ayudando a las personas necesitadas como estamos haciendo con los refugiados que llegan de Ucrania», comentó a la salida del Tribunal Costa, quien sostuvo que todos esos años «era consciente de que había actuado de forma correcta».
El juicio, explicó a Efe Basiglini, era una continuación de la investigación que realizó la unidad antimafia de la policía italiana contra la ONG en 2016, cuando durante meses estuvieron interviniendo y revisando sus cuentas, por el mismo delito al que ahora se enfrenta su presidente.
«Se trata de una criminalización de la solidaridad y ésta es la política que nuestro país ha decidido adoptar y que ya inició en 2016 contra las ONG que trabajan en el mar y ahora vemos las consecuencias contra las asociaciones de tierra», dijo.
La portavoz argumentó que esta criminalización sigue una misma lógica de «perseguir el acto solidario», pero sin que las autoridades hayan logrado «llevar a la justicia un solo verdadero caso de traficante de humanos».
Amnistía Internacional (AI) había mostrado su apoyo a la ONG pidiendo a las autoridades italianas cambien urgentemente el ordenamiento jurídico que, como en otros países europeos, castiga el delito de ayuda e incitación a la inmigración irregular sin diferenciar el beneficio material obtenido, por lo que traficantes y voluntarios quedan en el mismo lugar.
«La criminalización de la solidaridad ha hecho que en estos años cinco organizaciones de salvamento y solidaridad sean obstaculizadas y bloqueadas en sus acciones a favor de los derechos humanos», dijo hoy AI Italia en un mensaje en redes sociales con el que celebraron la decisión.
EFE
