Bogotá, 30 agosto de 2021.- El Tribunal Superior de Bogotá no permitió a la Fiscalía imputar al general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército colombiano, por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones de civiles para presentarlas como bajas en combate, conocidas como «falsos positivos».
Durante una audiencia, ese organismo resolvió «abstenerse de realizar formulación de imputación» porque considera que la Fiscalía no puede acusar al exjefe militar ya que su caso está en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, que es la que tiene la competencia para juzgarlo.
«La audiencia de imputación (…) puede terminar hasta nuestro entender en la negación de la competencia preferente y exclusiva de la JEP en su poder decisorio acerca de los hechos y la responsabilidad para las personas acogidas en su sistema», expresó el magistrado Fabio David Bernal durante la audiencia.
Sin embargo, Bernal dijo que los resultados de las investigaciones de la Fiscalía pueden ser enviados a la JEP como parte de una «cooperación armónica».
La Fiscalía buscaba imputar a Montoya por los presuntos delitos de «homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 104 ocasiones, en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio».
Pero Montoya se acogió a la JEP en octubre de 2018 en un proceso que incluye 2.429 casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Fiscalía General, los cuales fueron remitidos a la justicia transicional; estos, al parecer, fueron cometidos bajo su mando cuando era comandante del Ejército, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008.
En febrero, el excomandante del Ejército declaró por primera vez ante la JEP, comparecencia calificada por las víctimas como «una burla» por su falta de respuestas.
FALSOS POSITIVOS
Los «falsos positivos» es como se conoce en Colombia a uno de los episodios más oscuros del conflicto en el que militares ofrecían trabajo a jóvenes, sobre todo de clases bajas, para llevárselos a otras partes del país y asesinarlos.
El objetivo era presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así conseguir incentivos y premios de sus superiores.
En febrero, la JEP elevó a 6.402 la cifra de personas que «fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008», que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe, del que Montoya fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008.
