BOYACÁ, COLOMBIA (31 MAR 2024) – En un desgarrador acto de violencia hacia los animales, Luis Guillermo Villate Pérez enfrenta la justicia tras ser judicializado por la Fiscalía Seccional Boyacá por ahorcar al perro de su compañera sentimental. Este cruel suceso, que resalta la urgente necesidad de concienciación sobre el respeto y cuidado hacia los seres vivos, ocurrió en una residencia del municipio de Paipa, dejando a la comunidad consternada.
La escalofriante acción fue captada en video, evidenciando un episodio de intolerancia extremo y repetido maltrato hacia el animal. Según investigaciones, este acto inhumano no solo fue cometido en presencia de la propietaria del can, sino también ante la mirada de sus dos hijos, añadiendo un trauma psicológico adicional a la familia.
Ante la evidencia irrefutable, Villate Pérez fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable del delito de maltrato animal agravado. La seriedad de las pruebas llevó al procesado a aceptar su culpabilidad en este reprochable incidente. A pesar de la gravedad del delito, el juez determinó una medida no privativa de libertad para el acusado, exigiendo su comparecencia periódica ante la autoridad competente y el compromiso de demostrar un comportamiento adecuado tanto familiar como social.
Este caso subraya la importancia de proteger a todos los seres vivos contra la violencia y aboga por medidas legales más estrictas para prevenir futuros actos de crueldad animal. También recuerda a la sociedad la necesidad de estar vigilantes y reportar cualquier forma de maltrato animal, asegurando así que los responsables enfrenten la justicia.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
