Lima, 11 enero- La Justicia de Perú abrió este lunes la primera audiencia por el caso de las esterilizaciones forzadas de más de 1.300 mujeres en el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), después de 16 años de investigación fiscal y a pesar de la ausencia del exgobernante preso, quien se reportó mal de salud.
Fujimori es uno de los denunciados por este caso junto a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, además de un equipo de médicos cirujanos que intervinieron a las víctimas, cinco de las cuales fallecieron por complicaciones tras las ligaduras de trompas realizadas.
«Es la primera vez que un caso por esterilizaciones forzadas llega al Poder Judicial por 1.307 delitos, de las cuales hay 5 denunciantes víctimas mortales, representadas en el caso de Mamérita Mestanza y Celia Ramos por Demus por el delito de lesiones graves seguidas de muerte», declaró a Efe la abogada de los hijos de ambas fallecidas, María Ysabel Cedano.
Tanto el delito de lesiones graves seguidas de muerte para cinco víctimas como el de lesiones graves para otras 1.302 denunciantes se enmarcan en «el contexto de graves violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, imprescriptible», anotó la abogada de la organización feminista Demus.
FUJIMORI, CON BAJA OXIGENACIÓN
Durante el inicio de la audiencia remota, el magistrado Rafael Martínez recibió el informe de un encargado de seguridad del penal de Barbadillo, donde Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, en el que manifestó que el exmandatario estaba «descompensado» y era evaluado por una enfermera porque presentaba una saturación de 89 % y requería de oxígeno.
El encargado respondió al juez que se trata de «un estado permanente» de Fujimori, de 82 años de edad, porque «tiene problemas de saturación (de oxígeno)», aunque no precisó si tenía alguna enfermedad diagnosticada.
Además, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo que el exgobernante «no tiene obligación legal» de estar presente en la audiencia, aunque sea de forma remota, porque él sólo puede ser sometido a los procesos penales que han sido objeto de su extradición de Chile, en 2005, y de sus dos ampliatorias.
«Le he explicado sobre la protección que tiene por ser extraditado y que si lo hace renunciaría a la protección, lo cual no es su intención, ni la de su defensa», expresó Nakazaki al juez Martínez.
El magistrado coincidió en que «no es exigible su presencia», sino que «basta que tenga conocimiento para que pueda ejercer su derecho» a la defensa.
SOLICITAN AMPLIAR EXTRADICIÓN
Sin embargo, el fiscal del caso, Pablo Ibáñez, informó al juez que ya se ha iniciado el trámite para solicitar a la Justicia chilena la ampliación de la extradición para que Fujimori pueda ser procesado por esta denuncia.
A diferencia de Fujimori, sí estuvieron presentes sus exministros de Salud y los médicos involucrados en el caso, a excepción del galeno Octavio Marroquín, que falleció en agosto pasado, según se informó a la sala.
Durante esta primera diligencia se registraron los abogados y representantes legales de las 1.307 denunciantes de esterilizaciones forzadas, así como también varias de las agraviadas desde distintos puntos del país, entre ellas Cirila Taipe, quien se comunicó en idioma quechua, la lengua materna de gran parte de las afectadas.
INTÉRPRETES PARA LAS DENUNCIANTES
Dado que entre los quechuablantes hay variaciones en el idioma dependiendo de la zona en la que viven, el abogado de Fujimori pidió al juez Martínez que se cautele el derecho de las víctimas a tener un intérprete por cada tipo de variante, a lo cual se sumaron los abogados de los otros implicados.
En ese sentido, el magistrado decidió solicitar la incorporación de intérpretes, además de los que ya estaban acreditados ante su sala, que puedan manejar las distintas formas de quechua, «para que estas personas puedan tener uso de su derecho, a lo largo de la presente audiencia» y suspendió la diligencia hasta que se concrete este trámite.
Cedano dijo que le llamó la atención la solicitud de Nakazaki y no descartó que «se pueda interpretar como una maniobra de dilatación» para evitar que el juez se pronuncie sobre el fondo que fue «justificar la ausencia de Fujimori para estar en la audiencia (…) porque en la extradición no está previsto este proceso penal».
INVESTIGAN CASO COMO POLÍTICA DE ESTADO
«Esperamos que el juez Martínez investigue de manera tal que logre comprobar, (dado que) se tiene que acusar por crímenes de lesa humanidad porque fue una política de Estado, sistemática y generalizada contra una población civil», explicó Cedano.
En las acciones denunciadas «hubo un planeamiento para usar métodos anticonceptivos irreversibles, como ligaduras de trompa o vasectomías, sin garantizar el consentimiento previo, libre e informado en la lengua materna, por escrito, por parte de las pacientes», detalló la letrada.
Un grupo de víctimas de Lima y Callao acompañó la sesión virtual con un plantón en los exteriores del Palacio de Justicia para reclamar por un rápido juicio oral, una vez que las partes argumenten sus posiciones y que el magistrado acepte que hay un caso por sancionarse con las denuncias de la Fiscalía.
Las esterilizaciones forzadas se realizaron en el segundo periodo de Fujimori, entre 1995 y 2000, como parte de un Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva que afectó a más de 200.000 personas, «la mayoría quechuas, pobres y campesinas», según ha reconocido el Ministerio de Salud.
